El Ministerio Público Fiscal de Nogoyá decidió archivar una denuncia penal que había sido presentada por el periodista Maximiliano Medrano contra la senadora Flavia Maidana (PJ).
Representado por el abogado Maximiliano Casey, el periodista se presentó en la Unidad Fiscal de Nogoyá y pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos por parte de la Sra senadora Flavia Gisela Maidana», y citó que el 22 de julio último “di a conocer en la red social Facebook la inquietud que me trasladaban oyentes de la ciudad de Nogoyá, referente al manejo de bloques alimentarios que llegaban desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y los cuales eran almacenados en dependencias anexas a un medio radial colega, ubicado en calle Centenario N° 1.061”.
Enterada de la denuncia, la legisladora se presentó espontáneamente en los Tribunales de Nogoyá , y contó que «en mi carácter de funcionaria pública y a fin de facilitar a las Juntas de Gobierno de nuestro departamento la llegada y alcance de módulos alimentarios para su distribución a las mismas y dentro de ellas a grupos familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es que realizamos esta gestión del traslado de la mercadería desde la ciudad de Paraná hacia la ciudad de Nogoyá, el cual solvento con mis propios recursos, como dije, para facilitar que las juntas de gobierno accedan a los módulos, ya que las mencionadas juntas de gobierno no cuentan con movilidad propia u oficial para viajar a Paraná y retirarlos, siendo más accesible que los retiren de Nogoyá y no viajen hasta Paraná».
Y respecto de la denuncia en su contra, señaló: «Lo que yo percibo por parte del señor Medrano es un odio particular hacia mi persona, menoscabando y denigrándome permanentemente por mi condición de mujer, tanto en mi función legislativa como profesional (médica), de una manera que no he visto la haya realizado contra otros funcionarios o legisladores, tanto de esta gestión como de la anterior. En este aspecto también me interesa poner de resalto que no solamente soy la primera mujer legisladora del departamento, sino que actualmente ostento la función política de mayor responsabilidad en el mismo y en virtud de ella es que asumo tareas complementarias y de gestión para dar una respuesta integral a las distintas problemáticas del departamento Nogoyá, la que a su vez es una práctica común a cualquier gestión».
En el dictamen que derivó en el archivo de la denuncia, el fiscal Federico Uriburu señaló que la conducta de Maidana «se ajusta a las disposiciones constitucionales vigentes y, en consecuencia, al cumplimiento del deber funcional y compromiso asumidos oportunamente». Pero a la vez sostuvo que el planteo de Medrano «deja en evidencia el lamentable desconocimiento» de la Constitución Provincial «a fin de evitar afirmaciones injuriosas o calumniosas respecto a una mujer que tiene la elevada responsabilidad de legislar por toda la ciudadanía provincial y, por que no, evitarle cualquier situación violenta que ella pueda sufrir como consecuencia de los improperios emitidos desde tiempo atrás por parte del nombrado comunicador».
Pero aún más. «También me parece importante resaltar la evidente animadversión que rodea a ésta denuncia, por cuanto de conductas del propio denunciante, surge evidente que mediante la misma se ha pretendido desviar el foco de atención de la causa N° 275/20, caratulada «Albornoz Natalia Carina s/Denunia», que tiene como principales imputados a funcionarios y empleados jerarquizados de la planta administrativa de la Municipalidad de Nogoyá, a donde inicialmente se corroboró con un altísimo grado de probabilidad el desvío de dinero de subsidios y bolsones de alimentos, hacia destinos diferentes a los correspondidos».
La presentación del periodista Maximiliano Medrano contra la legisladora se dio luego de que Maidana lo denunciara por violencia de género, que tramitó la jueza civil María Gabriela Tepsich. En ese marco se registró una orden judicial para que el hombre cesara en “los actos de perturbación o intimidación, todo tipo de agresión física, verbal y/o psicológica, sea por sí o por interpósita personal, por cualquier medio, ya sea personal, radial, vía telefónica y/o redes sociales” hacia la senadora Maidana.
Lejos de acatar la orden judicial, Medrano publicó en su muro de Facebook que se estaba usando la violencia de género “con fines políticos y para callar al periodismo”.
“Realmente me indigna que se use la fuerza de una ley tan sensible y que fue peleada por miles de mujeres, las cuales muchas fueron víctimas de violencia de género, para encubrir actos por lo menos de apariencia ilicita, hasta que se demuestre lo contrario (bolsos de acción social en un domicilio particular), y querer callar periodistas en temas importantes y de público conocimiento como la Ley de Emergencia Solidaria”, publicó el periodista.
Al respecto, el fiscal Uriburu señaló: «No es un dato menor la oportunidad en que la denuncia fue efectuada (luego de recibir un embate de la Justicia civil por parte de la Sra. Senadora), como tampoco lo es la circunstancia de que lo denunciado es una práctica (totalmente legítima) que viene de gestiones atrás, como afirmaron los testigos, lo que trae a colación cuestionarse por qué Medrano denunció sólo a Maidana, obteniendo como única respuesta posible el hecho de que se trata de una cuestión evidentemente personal».
En ese marco, dispuso «desestimar» la denuncia efectuada por Medrano y enviar las actuaciones al fiscal coordinador Jorge Gamal Taleb «a fin de cumplimentar la revisión automática establecida para estos supuestos, dada la calidad de la persona denunciada».
En aquella causa civil por violencia de género, la jueza Tepsich le impuso a Medrano “la obligación de realizar una capacitación en igualdad de género en la institución de su elección, debiendo justificarlo mediante los correspondientes certificados”.
“Aquí –dijo la magistrada en su resolución condenatoria- se ha puesto en tela de juicio las expresiones violentas, amenazantes y burlonas de un periodista local en relación a una mujer, que es senadora provincial y que en el marco de dicho proceso se ha advertido y ha quedado acreditado que las expresiones obedecen a una cuestión de género, generando violencia y no información”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora