Durante la sesión de este miércoles, el bloque “Más Para Entre Ríos” impulsó un dictamen de minoría para la concreción de una Ley de Transformación Digital, Gobierno Digital y Modernización Administrativa en la provincia, con un articulado que aborda la temática de manera más completa que el proyecto del Poder Ejecutivo provincial. La decisión del justicialismo de presentar una propuesta propia respondió a la negativa de Juntos por Entre Ríos de aceptar las modificaciones planteadas en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara.

En su rol de miembro informante, la diputada Andrea Zoff resaltó la coincidencia en la voluntad de construir un Estado ágil, transparente y eficiente. En ese sentido, recordó que hace más de un año la bancada opositora presentó un proyecto “para que las compras públicas se efectuaran de manera virtual, garantizando agilidad, más oferentes, igualdad de condiciones y, sobre todo, un mejor control para evitar la discrecionalidad, con una inversión mínima por parte del Estado. Lamentablemente, como tantos otros proyectos, nunca se trató”, remarcó.

A continuación, Zoff advirtió que la iniciativa del oficialismo presenta “vacíos normativos graves y una preocupante concentración de facultades en el Ejecutivo (…). Todo lo que debería ser una garantía concreta queda como una promesa futura en la reglamentación, sujeto a decretos y librado a la voluntad de un funcionario”.

La legisladora señaló que la soberanía tecnológica implica que el Estado mantenga el control político, técnico y ético sobre la infraestructura, el software y los datos que administra. “Si este proyecto se aprueba tal como viene del Ejecutivo, entregaremos las llaves de nuestra administración a una empresa privada. No va a ser la provincia la que defina cómo se gestiona la información de los entrerrianos, sino la firma tecnológica que se decida contratar”, advirtió.

Asimismo, indicó que el proyecto no exige el uso de estándares abiertos ni la inclusión de cláusulas de salida. Estas últimas son las que garantizan que, si el contrato finaliza o se rescinde, el Estado pueda recuperar toda su información sin quedar paralizado ni convertirse en rehén de un proveedor. Frente a este riesgo, destacó que el dictamen de minoría fija reglas claras de portabilidad: “Ningún contrato puede firmarse sin garantizar que, al terminar la relación comercial, la provincia recupere el 100% de sus datos en formatos compatibles. Esto es innegociable y debe estar estipulado por ley”.

Otro punto crítico señalado fue la desprotección de los datos biométricos. El proyecto oficial habilita convenios con privados para validar identidades mediante huellas o reconocimiento facial, elementos que Zoff calificó como “únicos e irremplazables”. Cuestionó además que la norma “deja a la ciudadanía desprotegida, no fija responsabilidades, no establece organismos de fiscalización ni menciona la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales”.

En materia de contrataciones, la diputada denunció que el proyecto modifica la ley de contabilidad provincial para permitir la compra directa —sin licitación ni compulsa de precios— de software, licencias y servicios intangibles. “No se exigen parámetros objetivos, informes técnicos ni montos máximos, permitiendo incluso pagos por adelantado, uso de tarjetas corporativas y billeteras virtuales sin regulación clara. Por si fuera poco, el artículo 53 delega la facultad de reescribir el régimen de compras por decreto”, enfatizó.

Respecto al artículo 52, que autoriza alianzas estratégicas con empresas y la transferencia de fondos, Zoff criticó que “no define que se entiende o bajo que criterios se elige una empresa u otra, quien toma la decisión, con qué controles, o qué pasa si hay conflicto de intereses”. En resumen, la legisladora advirtió: “Esto no es agilidad administrativa o modernización, esto es pretender discrecionalidad absoluta”. Y señaló que frente a eso, el dictamen del justicialismo “responde con reglas concretas, dando flexibilidad pero con transparencia y control. Por eso en nuestro dictamen no crea un nuevo régimen de contrataciones. Para nosotros era fácil votar en contra, pero elegimos redactar una alternativa completa que reduce la discrecionalidad y fortalece las garantías institucionales”.

Por su parte, la diputada Laura Stratta coincidió en la necesidad de modernizar el Estado, pero remarcó que debe hacerse con responsabilidad. “No es viable un gobierno digital sólido sin regular la infraestructura, la soberanía de datos y la ciberseguridad. Que la transformación sea necesaria no significa que cualquier forma de encararla sea inocua”, sostuvo.

La presidenta de la bancada advirtió que la tecnología en la administración pública soporta servicios esenciales como salud, seguridad y gestión tributaria. Y señaló: “No es viable pensar en un proyecto de gobierno digital sólido y a largo plazo sin regular la infraestructura tecnológica, la soberanía de los datos y las políticas de ciberseguridad. El proyecto oficial carece de estos pilares fundamentales y debería incorporar capítulos completos vinculados a estas temáticas. Que la transformación digital sea necesaria no significa que cualquier forma de encararla sea inocua”. Agregó que, ante el incremento de ciberataques a gobiernos, ignorar la ciberseguridad representa una “irresponsabilidad institucional”.

“La omisión del concepto de soberanía tecnológica en el texto del proyecto representa un retroceso que profundiza la vulnerabilidad”, dijo Stratta e indicó que la provincia “debe garantizar por ley la potestad absoluta sobre su propia matriz informática. Sin este resguardo, Entre Ríos no estará modernizando su Estado, sino tercerizando su soberanía administrativa al mejor postor tecnológico”.

Stratta remarcó la contradicción interna del texto oficial entre los artículos 41 y 48: “mientras el artículo 41 dice que los datos son del Estado, el artículo 48 habilita el mecanismo por el cual esos datos pueden terminar administrados, de hecho, por un proveedor privado extranjero. Son dos artículos de la misma ley que se contradicen en la práctica”.

Igualmente objetó la falta de un organismo de control independiente para auditar los sistemas y la creación de mecanismos opacos en el artículo 52: “La discusión de fondo es si este proyecto constituye un avance o si, en nombre de la innovación, termina resignando el resguardo estatal de los datos a cambio de contrataciones directas, sin estándares abiertos ni fiscalización”.

Finalmente indicó que la discusión de fondo es “si este proyecto en particular constituye una mejora, un salto o si, en nombre de la innovación, termina resignando una garantía que ya estaba conquistada -que los datos de los entrerrianos se resguarden en Entre Ríos y bajo control del Estado provincial- a cambio de una ley que habilita contrataciones directas con proveedores extranjeros, sin cláusulas de localización de datos, sin estándares abiertos obligatorios y sin organismo de control independiente”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora