Cuando ocurrió la ocupación de la estancia Casa Nueva, en el Paraje El Quebracho, en el Acceso a Santa Elena, por parte de Dolores Etchevehere-incidente que concluyó con una orden judicial de desalojo-, el abogado Juan Grabois mantuvo un contacto telefónico con el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García que terminó de modo abrupto.
Grabois representa legalmente a Dolores Etchevehere en la disputa judicial con sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, y su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y ha sido la voz en los medios nacionales de la feroz disputa familiar por el reparto de la herencia. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ha elegido como sus enemigos principales al hermano mayor de Dolores, el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Pero también apunta sus dardos contra el Procurador García cuando hace referencia a que la Justicia responde a los intereses de los Etchevehere.
A propósito del incidente que ocurrió el sábado 26 por la tarde, en una vivienda de los Etchevehere, en calle Los Vascos, que protagonizó el juez civil Martín Furman y en la que la familia usó un tono agresivo para rechazar una medida dispuesta por el magistrado, Grabois lanzó con mordacidad: «Un Etchevehere pela el celular. Llaman al procurador, al gobernador, al comisario. Con un grito a cada uno, los acomodaron. Una hora después el juez revoca su propia medida… qué ilusos que somos, pensar que algún día la justicia va a hacer justicia. La hacen salir a Dolores y su hija. Revocan la sentencia. Le dan lectura. Váyase señora».
Dolores Etchevehere se presentó en el Juzgado Civil y Comercial N° 7, donde se tramita la sucesión que siguió a la muerte de su padre, Luis Félix Etchevehere, en 2009, y pidió que se «otorgue especial y urgente protección hacia mi persona», y entre esas solicitudes reclamó «protección habitacional» e «ingreso provisorio» por cuanto, entiende, hay una clara desigualdad con sus hermanos varones, que están usufructuando el patrimonio familiar mientras dura el trámite sucesorio. El juez Furman aceptó la petición de una casa y le otorgó el uso de una propiedad familiar. Firmó su resolución el miércoles 23, y la mudanza de Dolores se concretó la siesta del sábado 26. Pero la furia familiar la obligó a volver sobre sus pasos.
Grabois hizo su lectura: «Gobierne quien gobierne, mandan. Gobernadores, dueños de los diarios, dueños de la tierra, de las vacas, de los puertos… padrinos de la justicia. Quien pudiera. Llega toda la artillería. La madre, los hijos, algún adlater de traje. A los gritos, como siempre. ´Puta´, ´vaga´, todo delante de su hija. Son patrones, los ricos no piden permiso y ellos son ricos, asquerosamente ricos. Conocen su poder. Son impunes».
En la Procuración General cuentan que el Procurador García lo atendió aquella vez a Grabois y que hubo un intercambio en tono áspero, y que luego el jefe de los fiscales lo bloqueó en su teléfono. Después, siguió el ninguneo: el Procurador ha optado por el silencio frente a cada intervención de Grabois en la que lo nombra. «Obviamente no habrá respuesta», dicen en las cercanías del jefe de los fiscales ante la consulta de Entre Ríos Ahora respecto de la última declaración de Grabois.
El sábado 26, el juez Furman acudió hacia la casa que había otorgado a Dolores Etchevehere mientras se resuelve el reparto de la herencia, en calle Los Vascos. Llegó y se encontró con una posición beligerante de parte de los hermanos y la madre: Luis Miguel, Arturo Sebastián, Juan Diego y Leonor Barbero Marcial de Etchevehere. Y frente a la posibilidad de que la integridad de Dolores pueda verse afectada, desistió de la decisión que había tomado el 23 de este mes: ya no ocuparía una vivienda en la exclusiva cuadra de Los Vascos donde habita la mayoría de los Etchevehere, sino que debería mudarse a otro lugar, y el alquiler debe ser pagado por su familia. «Ya en el lugar constaté que, efectivamente, no existe ninguna limitación para circular entre los distintos inmuebles linderos a través de un patio común a todos ellos y que existe una pileta en uso por los denunciados y sus respectivos grupos familiares. Asimismo, que la casa de la que Dolores tomó posesión no cuenta con electricidad y se encuentra en regular estado de conservación», añadió Furman.
«También corroboramos que los coherederos y sus grupos familiares asumieron una actitud de exaltación y verborragia, tanto hacia Dolores, como hacia mí, la policía, los letrados de la señora Etchevehere escalando en las manifestaciones violentas a medida que transcurría el acto», detalló el juez en su resolución.
Ante la hostilidad de los Etchevehere ante una resolución de su Juzgado, Furman dio intervención al Ministerio Público Fiscal «por el delito de desobediencia a la orden judicial» por parte de los tres hermanos y la madre de los Etchevehere. El juez entiende que el haber impedido que se cumpla la cautelar -que Dolores pueda habitar en una vivienda de calle Los Vascos, propiedad de la familia- supone un acto de desobediencia.
Pero en la Fiscalía tienen algunas dudas respecto de esa situación. «El problema es que lo que el juez manda como desobediencia no se entiende», dicen en la Procuración. «La orden que dio se ejecutó. No veo cuál es la desobediencia», agregaron ante la pregunta de Entre Ríos Ahora respecto de la intervención que tendrá la Fiscalía.
El razonamiento que hacen es este: el juez Furman ordenó que se cumpla una medida cautelar, y se cumplió: Dolores Etchevehere pudo ocupar una vivienda en calle Los Vascos que no ocupa ningún otro miembro de la familia. Acudió con un oficial de justicia, sus abogados y un cerrajero e ingresó. Pero ya adentro, como todas las viviendas de la cuadra que pertenecen a la familia tienen fondos en común, comenzó a sentir la hostilidad de sus hermanos, su madre y puñado de adolescentes díscolos. Frente a eso, el juez decide que el lugar no ofrecía garantías de seguridad y decidió que Dolores se mudara de allí.
«Le pediremos al juez que nos informe previamente si fue coaccionado a revocar su resolución -agregó la fuente consultada-. De otro modo, todo debería quedar en el ámbito de su juzgado».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.