La Justicia le denegó la petición al fiscal de Estado Adjunto, Pablo Giannini, para prohibir que los medios mencionen su escandaloso proceso de divorcio, o que entrevisten a su exesposa, Alina Pérez, que ha utilizado las redes sociales para defenestrarlo, lo ha acusado por violencia de género, económica y emocional y ha echado un manto de sospecha sobre su patrimonio personal.
La mujer ha dicho que desde que se ha roto la relación marital -se casaron el 8 de noviembre de 2025, y en febrero emprendieron un viaje de bodas por 40 días que los llevó a Japón, pero al volver, en mayo pasado, ya se disparó la primera denuncia contra el funcionario- el fiscal de Estado Adjunto la puesto al borde de la imposibilidad de costear los servicios mínimo, como pagar la boleta de luz, y que la falta de ingresos y la encerrona económica la ha obligado a pedir ayuda a sus padres.
El viernes 24, Pérez fue notificada de una resolución que adoptó la titular del Juzgado de Familia N° 2, Ana Cristina Quinteros Fagetti, que tramita la causa por violencia de género, en la que, entre otras cosas, se oficializó la desvinculación de María Gabriela Albisu, una empleada de Fiscalía de Estado, subordinada de Giannini, como su abogada defensora.
Pero el dato más relevante es que la magistrada rechazó la petición del fiscal de Estado Adjunto para que ordene a los medios de comunicación “que se abstengan de realizar publicaciones relacionadas a la presente causa y que procedan a dar de baja de sus respectivas páginas web y de sus redes sociales”. Quinteros Fagetti entendió que la petición “excede” lo que se tramita en la causa que tramita su Juzgado.
También denegó la solicitud de Gianni para prohibir que los medios de comunicación realicen entrevistas a su exmujer. La jueza lo consideró “improcedente”.
La ventilación del bochornoso fin del matrimonio de un funcionario público salpica a referente de la Justicia, como el fiscal de género Leandro Dato, mencionado por Alina Pérez. «Me reuní con Leandro Dato coaccionada y amenazada por mi marido para que haga una denuncia por abuso sexual contra un familiar», mencionó. Pero también señala a Martín Millán, fiscal penal de género, y a su esposa, María Celina Ledesma, funcionaria de Anses, referente de La Libertad Avanza.
Como contó Entre Ríos Ahora, uno de los dos Fiscales de Estado Adjuntos de la Provincia, Pablo Javier Giannini, está envuelto en una compleja causa por violencia de género que tramita el Juzgado de Familia N° 2 de Paraná, a cargo de la jueza Ana Cristina Quinteros Fagetti. La presentación la hizo su pareja, Alina Vanesa María Pérez, en mayo último. La pareja había contraído matrimonio el 8 de noviembre de 2025.
La mujer se presentó en la Comisaría Octava, expuso la situación que vivía con su esposo y pidió «con caracter urgente medidas de protección en el marco de violencia psicológica, emocional, económica e intimidatoria de género y protección integral contra las mujeres». Los hechos habían ocurrido desde tiempo atrás, según planteó en su denuncia, e incluían «conductas de hostigamiento, presión psicológica, manipulación emocional e intimidación vinculada a mi situación económica y jurídica, utilizando amenazas de divorcio, abandono económico y eventuales acciones judiciales».
También, que Giannini habría intentado solicitar la «nulidad del matrimonio, alegando supuetos trastornos psiquiátricos de mi parte».
La fiscal auxiliar transitoria Josefina Caballero se expide en tres líneas y dispone que la denuncia sea remitida al «Juzgado de Familia en turno a sus efectos».
Intervino el 23 de mayo el Juzgado de Familia N° 2. La primera medida fue prohibir al fiscal de Estado Adjunto «realizar actos violentos, molestos y/o perturbadores» hacia la denunciante. Ni acercarse «a menos de 200 metros» de su mujer.
La jueza Quinteros Fagetti dejó sin efecto esas medidas el día 26 de mayo, tres días después de haberlas resuelto. Ante una presentación de Giannini, la magistrada resolvió «dejar sin efecto la prohibición de acercamiento dispuesta hasta tanto se cuente con el informe de riesgo que sugiera las medidas a adoptar».
Tras enterarse de la denuncia en su contra, el funcionario se presentó ante el Juzgado de Familia con el patrocinio de la abogada María Gabriela Albisu. Negó haber ejercido violencia y atribuyó la denuncika situaciones de «vulnerabilidad emocional» de su esposa. Pidió una serie de medidas, relató una serie de hechos relacionados con el vínculo de pareja, y solicitó que se cite como testigos, entre otros, al fiscal de género Leandro Dato.
Tarde, buscó poner un bozal legal al caso que lo involucra directamente. Pero no lo consiguió.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora