El defensor del exgobernador Sergio Urribarri reaccionó de un modo curioso ante la información que publicó Entre Ríos Ahora respecto del embargo judicial decretado sobre las cuentas del actual presidente de la Cámara de Diputados por $26 millones en el marco de una causa por presuntos actos de corrupción durante su gobierno.

Primero, Raúl Barrandeguy, abogado de Urribarri, dijo desconocer la medida -en realidad, según los términos de Tribunales, fue resuelta el 2 de febrero por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl por «inaudita parte», esto es sin intervención de la defensa-; después, sostuvo que «no hay fundamentación jurídica» para la medida; y al final lo consideró una «situación de abuso, absolutamente ilegal, y que no tendría otra intencionalidad que la persecución».

Barrandeguy, que defiende a Urribarri junto a Marcos Rodríguez Allende, aseguró que la defensa no ha sido notificada del embargo y la inhibición de bienes resueltos por la Justicia, y aseguró que  una medida cautelar de aseguramiento de bienes «solamente se justifica después de una sentencia condenatoria firme, siendo que la causa aún ni siquiera se ha elevado a juicio».

 “No hay fundamentación jurídica para un embargo y de hecho no hemos sido notificados”, manifestó y adelantó que van a cuestionar la procedencia de la medida en el contexto procesal, así como el monto económico, en tanto éste debe estar debidamente justificado y debe ser precedido por un debate entre las partes.

Asimismo, Barrandeguy expresó que “esta información difundida por algunos medios de comunicación nos llama poderosamente la atención en tanto las medidas cautelares se notifican a cada una de las partes y nosotros no hemos sido notificados, pero ciertos periodistas sí parecen haber sido informados”.

 Respecto de la posibilidad de concreción de dicha medida, el abogado indicó que se trataría de “una responsabilidad que excede el Código Procesal Penal y que está comprometiendo el funcionamiento normal de la institucionalidad republicana en la provincia, la cual requiere principalmente garantías de equilibrio en la investigación penal de los delitos”.

 En este sentido, se estaría ante una situación de abuso, absolutamente ilegal, y que no tendría otra intencionalidad que la persecución y la estigmatización. Es por ello que Barrandeguy afirmó que van a apelar la supuesta resolución esgrimiendo que “una medida cautelar se debe dar en el contexto de una sentencia y nosotros no estamos condenados ni nos van a condenar”.

Como publicó Entre Ríos Ahora, la Justicia dispuso un embargo de $26 millones a Urribarri en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por un monto que supera los $24 millones.

El embargo alcanza también al exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes.

La medida fue resuelta en el marco de la causa caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros”.

La investigación judicial, que ahora llevan adelante los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, es lo suficientemente grave y de envergadura.

El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.

La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

El embargo y la inhibición general de bienes para todos los imputados son medidas que usualmente se solicitan en causas penales por corrupción para que, en caso de haber condena, el Estado pueda ir con una acción civil para conseguir resarcirse de las pérdidas. En ese caso, le corresponderá a la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, encabezar la acción civil contra Urribarri, Báez, Aguilera y el resto de los imputados.

La medida se pide judicialmente en esta instancia para evitar que, desde el momento en que la causa se remite a juicio hasta que se los condene, empiecen a desprenderse de los bienes.

Todos los embargos dispuestos ya fueron notificados a los Registros de la Propiedad por lo cual ni Urribarri, ni Báez ni Aguilera ni el resto de los imputados podrá, en esta instancia, a transferir ninguno de los bienes que posee.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.