La audiencia de conciliación que celebraron este miércoles la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes de colectivos y la empresa San José SA, que desde diciembre último tiene a su cargo la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, para canalizar el reclamo del sindicato para que se absorban los “237” trabajadores que quedaron a la deriva de la anterior permisionaria, Buses Paraná, derivó en un grave planteo empresarial.
Los representantes de San José SA pusieron de manifiesto en el acta que se firmó en Trabajo una serie de hechos “que exceden lo estrictamente jurídico del conflicto, pero que resultan imposibles de soslayar en el contexto actual”. Sin atribuir responsabilidad “a persona o sector alguno”, la concesionaria expuso su “profunda preocupación como prestadores del servicio público de transporte urbano por el creciente vandalismo que vienen sufriendo las unidades. Este fenómeno ha adquirido desde el mes de marzo del corriente una intensidad y reiteración inusitadas, verificándose episodios semana tras semana”.
En el acta, la concesionaria planteó: “Entre ellos, podemos mencionar daños materiales reiterados a las unidades (especialmente a los vidrios), la creciente aparición de elementos punzantes comúnmente denominados ´miguelitos´ en la vía pública, y como hecho de máxima gravedad el intento de incendio de una unidad ocurrido anoche (por este martes) cerca de la medianoche, circunstancia que excede cualqu8ier marco de conflicto y pone en riesgo no solo bienes, sino fundamentalmente la integridad de las personas. Al mismo tiempo, no nos resulta ajeno , ni a esta parte ni a quienes integran esta mesa, el conflicto suscitado con motivo del cambio de empresa prestataria del servicio en la ciudad de Paraná, particularmente en relación con un grupo reducido de trabajadores de la anterior concesionaria que reclaman el reconocimiento de derechos que consideran les asisten, aun cuando ello pueda encontrarse en tensión con las previsiones del pliego licitatorio vigente”.
“Comprendemos la existencia del conflicto y la sensibilidad que lo rodea –argumento San José SA-. Sin embargo, entendemos que ninguna situación puede derivar ni justificar hechos de violencia, ni directa ni indirectamente. La escalada que se viene observando en las últimas semanas nos obliga, al menos, a poner de resalto que esta preocupación en este ámbito institucional. En ese mismo sentido, resulta pertinente señalar que desde hace aproximadamente un mes se encuentra instalada una carpa frente a la sede de Transporte San José SA, atribuida, según la cartelería exhibida, a trabajadores con anuencia del gremio. Desde dicho espacio se ha difundido una convocatoria para el día jueves 14 de mayo a las 3.00 horas invocando falta de respuestas por parte de ´las empresas, el gobierno y el sindicato´. Sin perjuicio del legítimo ejercicio de derechos que pudieran invocarse, no deja de llamar la atención que dicha manifestación se desarrolle frente a nuestra empresa, cuando las eventuales obligaciones incumplidas en materia salarial o indemnizatoria corresponderían, en todo caso, a la anterior prestataria”.
Luego, la concesionaria reafirmó: “Reiteramos: no se formula imputación directa alguna. Pero sí entendemos que el contexto descripto, sumado a la reiteración de hechos vandálicos, configura una situación que no puede resultar indiferente ni ajena a este ámbito, en tanto impacta directamente en la normal prestación de un servicio público esencial. Finalmente, volvemos a destacar que los trabajadores que actualmente se desempeñan en Transporte San José SA, provengan o no de la anterior prestataria, lo hacen bajo las condiciones, exigencias y parámetros establecidos en el pliego licitatorio vigente, el cual regula de manera clara el marco de las relaciones laborales en esta nueva etapa del servicio”.
Qué discuten
La serie de encuentros entre UTA y San José para zanjar el entuerto por el futuro de los 237 trabajadores de la exconcesionaria Buses Paraná viene dándose desde 2025. Nunca han podido acordar.
UTA procura que San José dé cumplimiento a una medida cautelar habilitada por un juez laboral porteño, que en noviembre de 2025 impuso la obligación a la prestataria de absorber a los 237 trabajadores que habían pertenecido a la exprestataria Buses Paraná. San José ha venido rehusando esa medida con el argumento de que acceder a esa petición implicaría violentar el contrato de concesión.
«El análisis es simple: si se avanzara en la incorporación de un grupo de trabajadores fuera de las condiciones del pliego (más allá de la desvinculación que deberíamos hacer de actuales empleados) se corre el serio riesgo de que quienes prestaban servicios en la anterior permisionaria estén trabajando o se hayan dado por despedido soliciten el reconocimiento de la antigüedad (sea a los fines salariales o indemnizatorios)», justifican desde la empresa.
¿Cuántos son los empleados en esa condición? Está claro que no son 237. En UTA hablan de poco menos de la mitad. En San José varían entre 30 a 50 personas. Sea cuantos fueren, lo cierto es que la vía del diálogo no alcanzó para llegar a un acuerdo.
Hugo Ruiz, representante de San José, hizo una presentación ante eo director de Trabajo, Juan Pablo Irurieta, que dice que «corresponde dejar sentado que la totalidad de los trabajadores que actualmente prestan servicios para Transporte San José SA sean éstos provenientes de la anterior permisionaria o no, se encuentran desempeñándose bajo las condiciones, exigencias y parámetros establecidos en el pliego licitatorio vigente. En consecuencia, no existe posibilidad material ni jurídica de efectuar concesión alguna en el sentido pretendido por la asociación sindical, siendo precisamente ello parte sustancial de la controversia planteada. Asimismo, debe señalarse que la eventual incorporación de un nuevo grupo de trabajadores —aun bajo las condiciones previstas en el pliego— importaría necesariamente la desvinculación o desplazamiento de personal que actualmente se encuentra prestando servicios efectivos, toda vez que la totalidad de los puestos de trabajo se encuentran debidamente cubiertos. Admitir una solución de esa naturaleza implicaría afectar derechos de trabajadores actualmente activos, generando un conflicto adicional e injustificado».
El intríngulis judicial
El 26 de noviembre de 2025 -a días de que San José asumiera la concesión, hecho que ocurrió el domingo 7 de diciembre último- el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautela presentada por la UTA nacional y obligó a San José a absorber 237 trabajadores de Buses Paraná.
San José discutió esa resolución, pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la medida cautelar que obliga a Transporte San José SA a absorber transitoriamente al personal de Buses Paraná UTE (Grupo ERSA) desde el inicio de la nueva concesión en Paraná hasta que se dicte sentencia definitiva.
En forma paralela, la concesionaria planteó una cuestión de competencia y pidió que un Juzgado Laboral de Paraná intervenga en el pleito.
En diciembre la titular del Juzgado Laboral N° 4, Carmen Prevedel, rechazó intervenir en el conflicto suscitado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José, que este domingo asume la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná.
«De inicio entonces advierto que constituye, sin dudas, un dislate pretender que un órgano jurisdiccional otorgue en forma amplia y genérica una especie de autorización o venia al peticionante para no cumplir ninguna orden judicial», planteó la jueza Prevedel en su resolución.
Pero a finales de febrero, la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró la competencia del Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la jueza Carmen Prevedel, en el pleito planteado en los Tribunales de la Ciudad Autónona de Buenos Aires por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que en noviembre derivó en el dictado de una medida cautelar que impuso a la empresa San José SA, prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, la obligación de absorber los 237 trabajadores que habían pertenecido a la expermisionaria Buses Paraná.
De ese modo, los camaristas Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras revocaron el fallo de primera instancia de la jueza laboral Carmen Prevedel que había rechazado intevenir.
El lunes 23 de febrero, la jueza Prevedel hizo lo que la Cámara le ordenó: se abocó al tratamiento de la competencia. «Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara del Trabajo – Sala II- en fecha 19/02/2026 y en cumplimiento de lo allí ordenado, corresponde librar oficio al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de las presentes actuaciones, a fin de que el Juzgado oficiado disponga, si acepta el requerimiento de inhibitoria, el archivo de lo allí actuado o, en caso de que decida mantener su competencia, la elevación a la Corte para dirimir la contienda, implicando la suspensión del procedimiento producida a causa de la cuestión de competencia y la suspensión de los efectos de la
medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional mencionado en la Resolución que dictara el 26/11/25».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora