El exsecretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Hugo Vásquez, podría zafar de una causa judicial en la que está involucrado desde 2012 mediante una salida alternativa: una probation.

De modo insólito, la investigación judicial lleva 7 años de instrucción, y en ese tiempo han ido acordando salidas alternativas o han ido obteniendo sobreseimientos los distintos involucrados en una batahola que encabezó el Suoyem en la Administradora Fiscal Municipal (AFIM) en marzo de 2012, durante una protesta sindical contra la administración de la entonces intendenta Blanca Osuna.

En realidad, se trata de una misma causa judicial que se armó en base a dos hechos distintos: Vásquez está acusado de “instigador” a los hechos de violencia que ocurrieron en la sede de la AFIM -la rotura de una puerta blindex, daños a computadoras, agresiones a empleados y contribuyentes-, y su abogado defensor, Guillermo Mulet, ha pedido que se le dé el mismo tratamiento que el resto de los invoclurados, una salida alternativa.

El Ministerio Público Fiscal no se va a opone a esa petición, aunque sí al monto de la reparación económica que propuso Vásquez: $3.000.

Esa negociación entre la defensa y la Fiscalía llevó a que el juicio se reprograme, y ahora sea el tribunal, que componen los jueces Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, el que deberá resolver si acepta ese camino alternativo al juicio.

Otra definición tendrá el otro delito que se investiga, peculado, y que involucra a tres agentes de Alumbrado Público, Carlos Casco, Marcelo Elsesser y Carlos Giménez, acusado de haber sustraído vehículo de una repartición municipal para llevarlos a una manifestación del Suoyem frente al edificio municipal, hecho que ocurrió el mismo día que la batahola en la AFIM.

En ese caso, no prosperó la posibilidad de un juicio abreviado, porque ello hubiera supuesto la aceptación de la responsabilidad, y en el delito de peculado –utilizar bienes del Estado en provecho de particulares- la pena que se impone incluye la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En ese escenario, los tres perderían sus puestos en la Municipalidad.
Por esa razón, intentarán probar su inocencia en un juicio que no tiene fecha.

Detalles

La causa está caratulada “Casco Carlos, Elsesser Marcelo, Giménez Carlos, Vásquez Hugo s/Peculado”, y se originó por una denuncia presentada en 2012 durante la administración de la exintendenta de Paraná, Blanca Inés Osuna, en el momento más álgido de su enfrentamiento con el Suoyem.

La acusación de la fiscal Laura Irene Cattáneo, formalizada el 9 de septiembre de 2016, planteó que el 19 de marzo de 2012, siendo las 8 aproximadamente, en la Dirección de Alumbrado Urbano de la Municipalidad de Paraná, ubicada en calles Confederación Argentina y Garrigó, “valiéndose de la condición de empleados municipales y en provecho personal”, Casco, Elsesser y Giménez retiraron móviles municipales, hidroelevadoras Nº 241, 366 y 539, trasladando personal de dicha Dirección hacia la manifestación que se estaba llevando a cabo al frente de la Municipalidad de esta ciudad, regresándolos transcurridas dos horas aproximadamente, sustrayendo dichos bienes de su función y destino específicamente determinado”.
A Vásquez, en tanto, se le imputaron coacciones contra el extitular de la AFIM, Carlos Duhalde, y agresiones hacia la todavía concejal Cristina Sosa.

En principio, estaba previsto las audiencias se habían fijado para el lunes 5 y el martes 13 de marzo de 2018, pero en función de las salidas alternativas y el juicio abreviado, que no prosperó, los debates se reprogramaron.

La acusación alcanza a quien fuera titular del Suoyem y diputado provincial en los períodos 2007-2011 y 2011-2015, Hugo Vásquez.

 

La acusación de la fiscal Cattáneo –el pedido de elevación a juicio fue firmado el 9 de septiembre de 2016- plantea que se le atribuye a Hugo Vásquez “haber determinado a Graciela Berón de Quinteros, Hugo Carrasco, Pablo Comas, María del Carmen Sánchez de Gómez, ,Flavio Gómez, , Emmanuel Gómez y a un grupo de personas por el momento no identificadas que se manifestaban por reclamos laborales, a que adopten conductas coaccionantes, amedrentantes y/o intimidatorias contra otro grupo de trabajadores de la Municipalidad que se negaban a abandonar el lugar de trabajo, con la finalidad de obligarlos, en base al temor generado en ellos, a que se adhieran a la manifestación reclamante. Como así también haber determinado a un grupo de manifestantes, no identificados por el momento, que llevaban a cabo las medidas de fuerza, a que dañaran bienes del patrimonio municipal, entre ellos la rotura de la puerta de vidrio de ingreso a la Administración Fiscal Municipal (AFIM), arrancando cables de computadoras, dañando un monitor LCD y un tablero de electricidad”.
Todos ellos –Quinteros fue concejal- salieron de la causa con medidas alternativas y sobreseimientos, no así Vásquez que continúa ligado a la investigación penal.

En la causa, declaró la todavía concejal Cristina Sosa –lleva tres períodos sentada en su banca del Concejo Deliberante-, quien contó que llegó el 19 de marzo de 2012, alrededor de las 10, junto a la escribana Cristina Arbitelli, a la Agencia Fiscal Municipal “a fin de constatar el normal desempeño de actividades y la normal prestación de servicios, entrevistándose a tales fines con uno de los responsables de la conducción de esa agencia, Carlos Duhalde, a quien le preguntó sí se veía afectaba dicha prestación, respondiendo Duhalde que tendrán que verificarlo a través de cada dirección de dicha agencia. Aclara que, mientras mantenía esa charla, irrumpe un grupo de manifestantes que ingresa a la agencia con palos en sus manos y carteles que rezaban ´La Paraná que viene, 1500 trabajadores despedidos´, siendo aproximadamente unas 30 ó 40 personas, que la increpan a ella de forma directa, con improperios irreproducibles, pidiendo explicaciones acerca de su presencia en ese lugar, ante lo cual se mantuvo callada, rodeada por dichas personas, cuya identidad desconoce, e incluso sospecha que no todos sean trabajadores municipales, logró escuchar que la amenazaron diciendo: ´te vamos a matar´, ´ya vas a ver lo que te va a pasar´, quedando totalmente atemorizada, ya que parecían capaces de cualquier cosa”.

Aquel año de los incidentes fue el principio del fin para Suoyem durante la gestión Osuna.

El 23 de abril de 2012, apenas iniciada la gestión de Blanca Osuna y en medio de la convulsión generada por la decisión dejar caer unos 1.000 contratos de empleados municipales, fue intervenido el Suoyem, el gremio histórico, con mayor cantidad de empleados afiliados en la Comuna.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.