Durante los tres últimos años, la Iglesia de Paraná ha recibido malas noticias de la Justicia: en 2017, 2018 y 2019, distintos tribunales condenaron a penas altísimas a los curas Juan Diego Escobar Gaviria, Justo José Ilarraz y Marcelino Ricardo Moya por los delitos de abuso y corrupción de menores. Nada, ninguna sentencia condenatoria, ha movido ni un ápice a la curia de un lugar comodísimo: totalmente ajena a esos delitos.

La última mala nueva para la Iglesia local fue la condena que recibió la mano de derecha del arzobispo Juan Alberto Puiggari: el cura Mario Gervasoni fue condenado por el delito de falso testimonio. El jueves 1° de octubre, la Justicia condenó a Gervasoni a la pena de un año de prisión condicional al hallarlo culpable del delito de falso testimonio. El juez José María Chemez decidió morigerar la pena que había solicitado el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, un año y medio de prisión condicional, aunque rechazó la solicitud del defensor del sacerdote, Guillermo Vartorelli, que había peticionado el sobreseimiento.

Gervasoni había sido acusado de no haber contado todo lo que sabía del caso cuando declaró como testigo en la instrucción de la causa por abuso y corrupción de menores que se abrió en 2012 al cura Justo José Ilarraz, finalmente condenado en 2018 a 25 años de cárcel. La Fiscalía lo acusó de haber sido “reticente” y no haber contado todo lo que sabía. El fallo deja en una situación incómoda al arzobispo Puiggari, quien en su declaración por escrito dijo que jamás había hablado del tema con su secretario privado.

Fue el peor escenario para una cúpula eclesiástica que siempre expuso mensajes de compromiso ante los graves delitos de abuso cometidos por el clero. A lo largo de estos últimos años, Puiggari, y antes Estanislao Karlic, han tenido la oportunidad de pedir perdón a las víctimas de los abusos. El 21 de noviembre de 2016, el excura José Dumoulin firmó, junto a otros laicos una carta dirigida a Puiggari en la que le reclamaron públicamente que la Iglesia pida perdón a las víctimas de abuso. Nada.

En el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, donde ocurrieron los abusos del cura Ilarraz que condenó la Justicia, ocurrió un cambio insólito: se cerró el internado, y las dependencias del Seminario Menor, que ocupaban quienes luego fueron víctimas de los abusos, fueron alquiladas al Colegio Plaza Mayor. El lugar del horror convertido en una oportunidad de negocios.

El sacerdote Leonaro Tovar habla de un juego de piezas en el proceso de encubrimiento, y toma un caso testigo, el juicio al cura Gervasoni, secretario privado de Puiggari, condenado por falso testimonio. «Ahora, con el juicio a Gervasoni, Puiggari se ofreció voluntariamente como testigo. Mario lo encubrió a Puiggari en la declaración contra Ilarraz. Y Puiggari, siendo superior del Seminario, tuvo su parte de encubrimiento con (el cardenal Estanislao) Karlic para fondear a Ilarraz», dijo.   «Se llenaron la boca diciendo que había que dejar actuar a la Justicia en los casos de abuso, y pidiendo que la Justicia actúe, que la Justicia diga. Bueno, ahora la Justicia habló. El gesto que se esperaba de ellos era que dijeran: ´Nos equivocamos, cometimos un error, pedimos perdón y asumimos la pena´. Eso hubiese  sido un gesto bueno. Pero queda claro que siguen actuando de igual forma», planteó.

A la Iglesia le cuesta salir del closet.

El 6 de septiembre de 2017 fue condenado a 25 años de cárcel el cura Juan Diego Escobar Gaviria por cuatro casos de abuso y corrupción de menores en la casa de Dios que ocupaba en Lucas González, la parroquia San Juan Evangelista.

Al año siguiente, el 21 de mayo de 2018, otro miembro del clero, el cura Justo José Ilarraz también fue condenado a 25 años de cárcel. A diferencia de Escobar Gaviria, que está en la prisión de Victoria desde 2017, Ilarraz fue enviado a un departamento de calle Corrientes al 300 donde cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En abril de 2019, el cura Marcelino Moya fue condenado a 17 años de cárcel por dos casos de abuso y corrupción de menores. Los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra habían pedido 22 años de prisión.

¿Nunca supo la jerarquía eclesiástica que los propios cometían delitos con los menores que tenían a su cargo? ¿Nunca supo nada de Ilarraz, de Escobar Gaviria, de Moya?

La Cámara de Casación Penal, con el voto del juez Alejandro Cánepa, confirmó en abril de 2019 la condena a 25 años de cárcel para Ilarraz, y lo hizo con un durísimo reproche a la jerarquía por haber encubierto los abusos del modo más indolente. Cánepa desmintió una aseveración que sostuvo la Iglesia, que las víctimas no denunciaron a tiempo los delitos, «sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.

O sea: la Iglesia supo de los abusos, conoció los delitos, pero prefirió el silencio. Ocultó todo.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.