Una multitudinaria marcha sacudió la mediamañana en Paraná: organizaciones sindicales y sociales se concentraron a las 10 de la mañana en Plaza 1° de Mayo y, detrás de un enorme cartel con la leyenda “En defensa del sistema previsional entrerriano”, marcharon a Casa de Gobierno para manifestar el rechazo a los cambios que el Gobierno proyecta en el sistema previsional y en particular en el texto de la Ley N° 8.732.

“No vamos a permitir que se avance sobre nuestros derechos ni que se ponga en riesgo el futuro de nuestros trabajadores jubilados y activos”, planteó el documento consensuado que se leyó al final de la movilización. “Exigimos a los legisladores que estén a la altura de las circunstancias, se informen debidamente en la defensa del sistema previsional, los derechos jubilatorios y las herramientas necesarias para su cumplimiento, la ley que emana de los trabajadores y las garantías constitucionales que nos asisten”, agregó.

Y observó: “Los entrerrianos y entrerrianas nos encontramos ante una propuesta de reforma previsional que nos preocupa, nos convoca y nos une en la defensa de lo que forma parte de la salud, dignidad y felicidad de trabajadores y jubilados”.

“La mencionada reforma, tal como se presenta, agrede, resiente, retrotrae históricas conquistas que la comunidad organizada supo alcanzar”, subrayó.

En ese orden de ideas, puntualizó que la Ley N° 8.732 –que estructura el sistema jubilatorio entrerriano- “es producto de la lucha organizada de la clase trabajadora, activos y jubilados, para preservar los derechos previsionales. Lucha dada en un contexto enormemente adverso ante las políticas neoliberales que buscaron desguazar el Estado en beneficio de una minoría privilegiada. Hoy, como entonces, las garantías expresadas en la ley nos convocan hoy en su defensa”.

La convocatoria, que reunió a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) –que este jueves concretó el cuarto paro del actual ciclo lectivo-, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), la Asociación del Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná, los viales, los bancarios, el Sindicato de Luz y Fuerza, la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, autoconvocados y a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), buscó anticiparse al debate legislativo de la reforma y plantar su oposición.

“Reivindicamos el sentido solidario y generacional de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones Provinciales como un logro colectivo, sostenidos por normas expresadas en la 8.732 y en nuestra Constitución, respecto a su financiamiento, las obligaciones de los gobiernos, el cálculo del haber y el acceso a una jubilación plena”, definió el documento que consensuaron las organizaciones convocantes.

Y sumó: “En línea con lo enunciado, rechazamos clara y enfáticamente la reforma que implica la pérdida de derechos vigentes. No podemos, bajo ningún punto de vista aceptar retroceso en derechos garantizados constitucionalmente”.

“El sentido común, el compromiso de representar y defender los derechos adquiridos, se expresa en esta convocatoria horizontal, democrática y empática que nos convoca más allá de las diferencias. Nos une el objetivo de acompañar y sostener a los trabajadores, servidores públicos activos y jubilados de Entre Ríos en la defensa activa de los derechos del presente y futuro de nuestra provincia. Los tiempos difíciles que atravesamos exigen un diagnóstico certero y una respuesta responsable”, puntualizó.

Más adelante, apuntó el documento que los trabajadores activos y jubilados “no somos responsables de los desequilibrios ni del desfinanciamiento. Por el contrario, hemos sido víctimas de decisiones erróneas, manejos ajenos y arbitrariedades que transitan por la ilegalidad. El artículo 82 de la Constitución Provincial es claro. Todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones. El Gobierno incumple este mandato constitucional. Hoy, nuestras futuras jubilaciones y el sostenimiento de un sistema solidario se ve desfinanciado por decretos unilaterales e imposiciones con montos no remunerativos ni bonificables, amén de ser absolutamente insuficientes. El congelamiento salarial de hecho frente a la inflación empobrece y desfinancia. Este reclamo también nos unifica en esta Multisectorial: queremos aumento ya. Ningún monto en negro en nuestro salario”.

Y aseveró: “Sostenemos que existen alternativas reales y concretas para mantener la vigencia de la Ley 8.732”.

“Como movimiento obrero, desde un conjunto de sindicatos y organizaciones, como comunidad, en unidad nos organizaremos en una movilización contundente, para dejar en claro que no aceptaremos ser perjudicados. Articulando todas las acciones gremiales, políticas y judiciales que estén a nuestro alcance”, definió el documento.

Luego, indicó: “Es obligación, por ley, que el estado debe compensar el supuesto déficit.  No se puede gobernar para las minorías privilegiadas sino es deber del estado gobernar para la colectividad. Claramente la propuesta de reforma es regresiva, de ajuste en el ingreso de alicaídos bolsillos de jubilados actuales y futuros, de recortes de nuestras jubilaciones que afecta y profundiza la grave situación del mercado interno entrerriano, en caída libre por falta de circulante que mueva la economía. La caída del consumo afecta a los comercios, fábricas, bienes y servicios locales obligados al achique o el cierre. Por qué no gravar la riqueza para crear un fondo social para atender contingencias”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora