Por Bibiana Starck (*)
Cada vez que un gobierno invoca la “emergencia”, los trabajadores saben quiénes suelen terminar pagando el costo. En Entre Ríos, el inminente ingreso del proyecto de reforma previsional bajo esa figura vuelve a encender una señal de alarma que excede lo estrictamente previsional y pone en tensión principios básicos de institucionalidad y respeto por los derechos adquiridos.
Las recientes declaraciones del presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmando que la emergencia funcionaría como un “paraguas para que el articulado nuevo pueda respirar”, dejan entrever una lógica preocupante: utilizar una situación excepcional para avanzar sobre garantías laborales y previsionales de los trabajadores judiciales, incluyendo la suspensión de la denominada ley de enganche.
Ni privilegios ni excepciones: derechos conquistados
En sus declaraciones, el titular de la Caja desliza la idea de que existen sectores con “regímenes diferenciados y mayores ingresos” cuyas actualizaciones el sistema “ya no resiste”. Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación —Seccional Entre Ríos— consideramos imprescindible desmontar ese relato.
Nuestros derechos no son privilegios. Los derechos previsionales constituyen salario diferido: el resultado de décadas de aportes y compromiso con el servicio de justicia. Por eso defendemos la vigencia irrestricta del 82% móvil y del sistema de enganche, pilares que garantizan previsibilidad y resguardan la independencia económica de los trabajadores judiciales.
No permitiremos que se vulneren los derechos de nuestros jubilados ni que se comprometa el futuro de quienes hoy sostienen diariamente el funcionamiento del Poder Judicial.
El déficit de la Caja no es responsabilidad de quienes aportan mes a mes. Las dificultades estructurales del sistema previsional son consecuencia de años de decisiones políticas y administrativas que nada tienen que ver con los trabajadores.
Pretender resolver el problema cortando el hilo por lo más delgado —los salarios de los trabajadores— no constituye una reforma de fondo: es apenas un parche coyuntural.
La falacia de la pandemia como precedente
Para justificar la eventual suspensión del enganche, Bagnat recordó que durante la gestión de Gustavo Bordet ya se aplicó un mecanismo similar en pandemia y que aquella medida contó con aval judicial.
La comparación resulta improcedente. Una emergencia sanitaria global, excepcional y transitoria no puede convertirse en antecedente permanente para justificar reformas estructurales en un contexto de normalidad institucional.
La excepcionalidad no puede transformarse en regla. De lo contrario, cualquier dificultad económica futura habilitaría a avanzar sobre derechos laborales y previsionales bajo argumentos circunstanciales.
La responsabilidad legislativa y el doble discurso político
La gravedad de este escenario también obliga a mirar hacia la Legislatura provincial. Las declaraciones públicas de rechazo muchas veces contrastan con silencios, ambigüedades o acuerdos políticos que terminan facilitando el avance de medidas regresivas.
Si esta reforma previsional y su declaración de emergencia prosperan, no será únicamente por decisión del oficialismo. También dependerá de la actitud que adopten distintos sectores de la oposición en ambas cámaras.
Las palabras hablan, pero los hechos gritan. Resulta contradictorio ver a algunos dirigentes exhibir banderas de defensa de los trabajadores, mientras evitan comprometer u ordenar a sus propios bloques en Senadores y Diputados para que frenen el atropello.
Si la reforma sale, saldrá con los votos y el respaldo de quienes deberían estar en la vereda de enfrente defendiendo al pueblo entrerriano.
La Justicia no es un gasto, es un servicio esencial
Como señaló recientemente en Paraná nuestro Secretario General nacional, Julio Piumato, los trabajadores judiciales cumplen un rol esencial para evitar el deterioro de un sistema que ya enfrenta severas restricciones presupuestarias y edilicias.
Debilitar los mecanismos de actualización salarial no solo afecta a las familias judiciales. También deteriora la calidad del servicio de justicia que recibe la ciudadanía.
Desde la UEJN Seccional Entre Ríos sostenemos que el camino nunca puede ser la quita de derechos. Valoramos los ámbitos de diálogo institucional abiertos por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, así como la posibilidad de avanzar en consensos a través de herramientas como la mesa salarial.
Es en el marco del diálogo, la responsabilidad institucional y el respeto por los derechos adquiridos donde deben construirse las soluciones de fondo.
Pero esta responsabilidad y vocación de diálogo que caracterizan a nuestro gremio no implican pasividad frente al atropello. La palabra “emergencia” no puede convertirse en un cheque en blanco para degradar salarios, debilitar garantías previsionales y trasladar a los trabajadores el costo de los errores de la política.
(*) Por Bibiana Starck es secretaria general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos)