La pelea judicial entre un funcionario ligado al urribarrismo y las autoridades del Tribunal de Cuentas llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Se trata del pleito que entabló Gustavo Tortul, encargado de la Dirección General de Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, contra una decisión del organismo de control que no le permitió asumir como Secretario Contable, cargo que le otorgó por decreto el exgobernador Sergio Urribarri en junio de 2015.

Según supo Entre Ríos Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativa N° 1 de Paraná concedió a la Fiscalía de Estado y al organismo de control un recursos de inaplicabilidad de ley contra la sentencia del 27 de mayo de este año que ordenó al Tribunal de Cuentas cumplir lo dispuesto por el decreto 1.907/15, del 22 de junio de 2015, a través del cual Urribarri designó a Tortul como Secretario Contable del organismo de contralor. 

Además, la Cámara anuló la Resolución 679/17 del Tribunal de Cuentas por el cual se rechazó poner en funciones a Tortul. Esa resolución fue tomada por los vocales Gisela Schumacher y Hugo González Elías, mientras que su par Marcelo Baridón se expresó en disidencia.

Ahora, al analizar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y el organismo de control, a favor de concederlo votó el presidente de la Cámara, Marcelo Baridón; y la vocal Gisela Schumacher. En tanto, el juez Hugo González Eías se abstuvo de expresarse al respecto.

 

El caso Tortul llega a la S… by Entre Ríos Ahora on Scribd


 

En la resolución fechada el 13 de septiembre, los magistrados consideraron que el recurso fue interpuesto dentro de los tiempos procesales y que se formuló “contra una sentencia definitiva”.

En segundo término, entendieron que “teniendo en consideración la necesidad de garantizar a los justiciables la posibilidad de impugnar lo resuelto por esta Cámara, y verificándose la concurrencia de los requisitos formales de la vía recursiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos deben concederse”.

Así, dispusieron “elevar al Superior Tribunal de Justicia en pleno” la resolución adoptada.

Origen de la discusión


En 2017, Tortul había solicitado al Tribunal de Cuentas que lo pusiera en funciones, pero el organismo se negó a hacerlo bajo el  argumento de que la designación era inconstitucional porque a partir de la reforma del año 2008 era ese órgano el que debía designar a esa clase de funcionarios y no el gobernador de la Provincia.

Para sostener su postura, el organismo reconoció que si bien el artículo 24 de la Ley 5.796  (orgánica del Tribunal de Cuentas), dispone que el Poder Ejecutivo designará por decreto al Secretario Letrado y Contable, tiene mayor jerarquía el artículo 217 de la Constitución provincial que establece que el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General son órganos autónomos que ejecutan su presupuesto, y que poseen la facultad de designar y remover personal.

Ante la negativa, Tortul llevó el caso a la Justicia. En el pleito, la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal apoyaron el planteo del organismo de control, de que el funcionario no podía asumir en el cargo por dos cuestiones: consideraron que el Tribunal tiene la facultad para designar su personal y, por otro, que Tortul fue designado en otro cargo con posterioridad a la primera designación.

En concreto, se marcó que en diciembre de 2015, el funcionario se presentó en el organismo y pidió continuar con licencia por cargo de mayor jerarquía dado que el 11 de diciembre de ese año, mediante decreto N°53, fue confirmado por el gobernador Gustavo Bordet en la Dirección General de Servicio Administrativo Contable de la Gobernación.

Sin embargo, el 27 de mayo de este año los vocales  Schumacher y  González Elías, ordenaron poner en funciones a Tortul. En tanto, el juez Baridón se expresó en disidencia. 

Tortul es agente de planta permanente del Tribunal de Cuentas, con la categoría “D”. Ingresó el 1º de octubre de 2003; luego, entre 2008 y 2011, se desempeñó como director general de Administración del Consejo General de Educación (CGE). Cuando Urribarri empezó su segundo mandato, asumió como director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación.

En 2014 fue nombrado coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, que presidió el entonces subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes. Por su rol en la organización de la Cumbre, quedó imputado junto a otros funcionarios y empresarios de la obra pública.

Además, el funcionario será llevado a juicio por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la megacausa del “sueño entrerriano”. En este caso la Fiscalía pide 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.