El proceso de divorcio del fiscal de Estado Adjunto Pablo Giannini permitió conocer una serie de intercambio de audios de whatsapp que su exesposa, Alina Pérez, viralizó en redes sociales. En uno de tantos, Giannini responde a las sospechas que la mujer echa a rodar sobre el manejo de la «causa Parque Berduc». En realidad, alude al destino de los honorarios que el funcionario habría cobrado como apoderado del Consejo General de Educación (CGE) en una causa civil  que involucró a la Municipalidad de Paraná y que se tramitó por varios años en Tribunales.

El ordenamiento legal establece que los honorarios que los Tribunales regulan para los abogados de Fiscalía de Estado se reparten con criterio de colecta de Cáritas: un 50% va para Fiscalía, el otro 50% se distribuye entre todo el personal del organismo. Pero en el pleito «Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos c/Municipalidad de Paraná y otros s/Ordinario”, en el que Giannini actuó como apoderado del CGE, los honorarios habrían ido a una cuenta bancaria particular del funcionario, lo que originó un enojo en Fiscalía de Estado, entuerto que no ha sido resuelto.

En uno de los audios del fiscal de Estado Adjunto enviado a su exesposa se escucha que se refiere a sus compañeros de Fiscalía de Estado como «esos roñosos».

Esos «roñosos», va de suyo, están amparados por la ley que ordena el funcionamiento de Fiscalía de Estado.

El artículo 14° de la Ley N° 7.296 fija de modo taxativo el destino de los honorarios que perciba el profesional que represente al Estado en los juicios en los que resulte vencedor. Dice que el 50% “se destinará a la Fiscalía de Estado, pudiendo su titular disponer de esos fondos de acuerdo a las necesidades del organismo”. Y que “el otro 50% se distribuirá en la forma en que se reglamente, entre los integrantes del cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado”.

La sospecha es que Giannini habría obviado la reclamación de los horarios bajo esos parámetros y, como si fuera un abogado privado, los derivó para sí. Incluso, inició una demanda para que la Justicia regule honorarios a su favor. Lo logró. Y consiguió, según refieren en Fiscalía de Estado, una suma superior a los $100 millones.

El 7 de mayo de 2024, los vocales María Fernanda Miotti y Marcelo Marchessi, integrantes de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial, dispuso la regulación de honorarios en aquella causa del CGE contra la Municipalidad. La resolución judicial establece: «Regular los honorarios diferidos en la Sentencia de esta Alzada de fecha 27/07/2022 a los Dres. Pablo J. Giannini, Adrián Albornoz, Cesar A. Jardín, Alvaro Sebastián Kisser, Raymundo A. Kisser, Jerónimo De Bueno, Roberto Carlos Quinodoz y Ramón Garcia Rau en las respectivas Sumas de Pesos Diecinueve millones cuatrocientos mil ($19.400.000), Un millón Trescientos cincuenta y ocho mil ($1.358.000), Un millón Trescientos cincuenta y ocho mil ($1.358.000), Un millón Trescientos
cincuenta y ocho mil ($1.358.000), Un millón Trescientos cincuenta y ocho mil ($1.358.000), Dos millones Setecientos mil ($ 2.700.000), Dos millones Setecientos mil ($ 2.700.000) y Dos millones Setecientos mil ($ 2.700.000), arts. 3, 14, y 64 de la Ley 7046».

Giannini escogió un camino distinto para acceder a los honorarios que corresponderían al Estado para apropiárselos: demandó la regulación de honorarios y logró hacerse de una suma superior a los $100 millones.


Historia

En 2011 El Diario de Paraná contó la historia del pleito judicial.

El Consejo General de Educación (CGE) pidió en la Justicia dejar las cosas en claro y recuperar para el patrimonio del Estado una porción de 3.578 metros cuadrados del Parque Escolar Enrique Berduc, que la Municipalidad de Paraná mandó a rematar en la década de 1940, mediante un proceso sumarísimo al que se calificó de “irregular”.

Esa franja de terreno que da a calle bulevar Moreno ha ido pasando de mano en mano, de modo que la demanda entablada en el Juzgado Civil y Comercial N° 5 no sólo alcanza a la Municipalidad de Paraná, sino a otros tres particulares que fueron adquiriendo de modo total o parcial esa fracción del predio que en 1928 donara a Educación el filántropo Enrique Berduc, con el exclusivo fin de construir allí un parque escolar.

Es a partir de esa participación de particulares que el caso se complejiza. Aunque el Estado provincial creyó tener las cartas a su favor, y conseguir que la Justicia declare “nula” la subasta ordenada en 1940 por la supuesta falta de pago de los tributos municipales. Claro que los particulares, tres en total, que sucesivamente fueron adquiriendo esos terrenos, no se han quedado quietos, y han reclamado que de suceder eso, que caigan sus derechos posesorios, se condene a la Provincia a resarcirlos.

De esos tres, uno ya ha quedado en posición fuera de juego: presentó su descargó a destiempo en la Justicia. Fue a pedido de los representantes legales del CGE que la jueza suplente Norma Ceballos declaró que su presentación resultó “extemporánea” y ordenó su desglose del expediente, “lo que equivale a quedar indefenso en el juicio y a que se le tengan por reconocidos en su contra todos los hechos invocados por la parte actora en la demanda”, contó una fuente que conoce el caso.

Se trata de Libelda Soltermann, madre del ex convencional constituyente Nelio Calza. Su abogado defensor es Alejandro Becic.

Diez años después, en 2021, el caso fue resuelto por el entonces juez Civil y Comercial N° 5 de Paraná, Américo Daniel Luna -hoy juez en Nogoyá-, que hizo lugar a la demanda de nulidad de subasta.

Pablo Giannini.

Al revés

Primero la Provincia demandó a la Municipalidad, y le reprochó el hecho de haber partido en dos el predio del Parque Berduc, independizando una fracción de 3.578 metros cuadrados, que dan a bulevar Moreno, sobre el que confeccionó una partida catastral consignando que era de dueño “desconocido”. Obvió en ese trámite consultar los archivos de la Dirección de Catastro de Entre Ríos, que tiene resguardada la escritura pública de donación de ese predio por parte de Enrique Berduc a favor del CGE.

Como ese trámite no se cumplió, sucedió lo que sucedió: hicieron figurar esa fracción de terreno como “de propietario desconocido”, otorgándole un número de partida municipal para empadronarlo como contribuyente de tasas municipales, que se empezaron a devengar, y que al no ser abonadas, dieron lugar a que la Municipalidad iniciara un juicio de apremio fiscal por deuda de tasas municipales, caratulado: “Municipalidad de Paraná, contra Dueños desconocidos o quien resulte propietario –Apremio”.

El caso se llevó a la Justicia. El 5 de noviembre de 1949, el Juzgado de Primera Instancia de Paraná, a cargo entonces de Tomás Federik, ordenó el remate de esa parte del Parque Berduc. A la subasta, se presentó alguien que luego derivaría en personaje de la ciudad, por otros motivos: Bautista Nemesio Zumalacárregui.

Zumalacárregui fue un hombre de mucha fortuna, que murió sin hijos y cuya fortuna se disputaron luego herederos reales y estafadores. Nunca pudo tomar efectiva posesión de lo que compró en aquel remate que impulsó la Municipalidad de Paraná. El juicio que inició en 1967 contra el Consejo de Educación, organismo que entonces construyó un muro perimetral para resguardar el predio, lo perdió.

El planteo de la Provincia en el juicio que se inició en diciembre de 2010 es que la Municipalidad cometió errores gruesos al ordenar el remate de un bien de dominio público. El Código Civil, sostuvo la postura legal del CGE, estableció que las tierras sin dueño pertenecen “a los Estados locales”, de manera que, “aún cuando la Municipalidad pudiera alegar que carecía de antecedentes sobre la titularidad del bien, no podía en ese caso hacerlo figurar como de propietario desconocido; aún cuando no lo tuviera, no le quedaba otra alternativa que tratarlo como un bien fiscal del Estado que no tributa tasas municipales”.

Sobre esa base, se le imputó al gobierno de la ciudad haber cometido una “estafa procesal”, ya que al tratarse de “un ente público que tiene potestad propia para generar certificados de deuda fiscal y perseguir su cobro mediante apremio, aprovechó y abusó de tal potestad”, e indujo de ese modo a error al juez del apremio.

Así están

La Municipalidad contestó los cargos de la Provincia a través de un escrito que firmó el entonces secretario Legal y Técnico, Alejandro Cánepa, con el patrocinio letrado de Juan Hipólito Carlín: negó haber confeccionado el plano de mensura que dio origen al pleito. En ese punto la historia de la subasta cae en un cono de sombras: el expediente judicial del apremio fiscal se extravió, y en ese expediente está el plano de mensura que dio origen a todo este histórico malentendido.

Pero la Provincia asegura que el plano existe, y como prueba sostiene que en la sentencia dictada en el juicio que promovió Zumalacárregui contra el CGE en 1967, los jueces tuvieron a la vista el expediente y hacen mención que en el mismo estaba agregado ese plano de mensura. El expediente de ese juicio sí es hallable: está en el archivo del Juzgado Civil y Comercial N° 8.

Pero además de la Municipalidad, hay otros tres demandados. Rosa Matilde Valentini, quien compró la totalidad del predio en disputa a los herederos de Zumalacárregui en 2006. El Estado provincial no sólo pretendió declarar nula la primera subasta, sino las transferencias posteriores que hubo. En este caso, la Provincia negó que haya existido “buena fe” en la compra, ya que el escribano Roberto Vallana hizo constar en la escritura de compraventa “que el plano de mensura de la propiedad objeto de la venta se superpone con la superficie comprendida en los planos de mensura oficiales que figuran a nombre del CGE”.

Su abogado defensor, Jerónimo de Bueno, pidió que se cite al juicio al Estado Provincial para que tome intervención como tercero obligado, ya que en caso de prosperar la demanda considera que tendría acción legal para reclamar al Estado que le indemnice los perjuicios que le ocasionaría el juicio.

Otra de las demandadas es Irene Lucía Taboada, esposa de Gastón Camet, titular de la inmobiliaria Arca, que es la empresa que intervino en la primera venta del predio de Zumalacárregui a Valentini. Taboada le compró a Valentini en 2009 dos lotes de 500 m2 cada uno. Le imputan los mismos cargos que a Valentini, con quien comparte el mismo abogado.

A ellas dos se sumó Libelda Soltermann, quien también le compró a Valentini dos lotes de 400 m2 cada uno, mediante sendas operaciones inmobiliarias concretadas en 2007 y 2008. Su situación es incómoda: contestó la demanda fuera del plazo procesal, hecho que hizo notar la Fiscalía de Estado en el juicio. La Justicia entendió lo mismo.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora