El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, defendió la potestad del Ministerio Público Fiscal para dirimir los planteos recusatorios contra sus miembros, y negó que ese sea un asunto que deba ser resuelto por un juez. La recusación o la excusación de un miembro de la Procuración, concluyó, es potestad del Procurador. Lo dijo en relación al pedido de recusación de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche planteada por un grupo de defensores en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

Al respecto, dijo que además de estar específicamente contenido en el artículo 35° de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407, que plantea, textualmente: «Los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso». Es también la base del sistema acusatorio creado por el artículo 207° de la Constitución de Entre Ríos.

«Ratificamos de este modo la oposición a que esta cuestión que sí es esencial a la Judicatura en razón de la sustancialidad del principio de imparcialidad, sea dirimida por el Magistrado judicante -tanto de Garantías como de Juicio-, tal como se ha intentado infructuosamente en este y otros procesos por las Defensas, con obvio pero incorrecto afán obstruccionista y dilatorio», dice el Procurador García en la resolución N° 50, fecha el 30 de abril, y a través de la cual aceptó la excusación de la fiscal Cecilia Goyeneche para continuar cumpliendo la función de coordinación de fiscales en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.

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García califica de «ridículo» el camino escogido por un grupo de defensores que pidieron la recusación de Goyeneche en la causa de los contratos, por cuanto el motivo invocado, la relación de amistad entre el esposo de la Pocuradora Adjunta, Sebastián Bertozzi con uno de los involucrados en la causa, Pedro Opromolla, no será obstáculo para llevarlo a juicio.Pero además, amplía, el mencionado Opromolla no es defendido por los recusantes.

Al respecto, García hace notar que la razón que llevó a Goyeneche a pedir su apartamiento de la causa de los contratos tiene que ver con una demora del Registro de la Propiedad de Entre Ríos en inscribir como propio un inmueble adquirido a Opromolla. «En efecto, como surge de la compraventa agregada, desde el 9/3/17 no existía ninguna relación de tipo comercial suya con el referido imputado Opromolla, ante la adquisición del 50% de la propiedad originada en uno de los habituales fideicomisos. Huelga recordar que la compraventa es un contrato consensual y que la escritura es sólo declarativa a los fines registrales del negocio jurídico», dice el texto de la resolución.

«Es entonces -agrega- ante la demora injustificable del Registro en la inscripción de aquella compraventa que, en el acto cautelar respecto de los imputados peticionado más de dos años después por el MPF, que aparece erróneamente la consigna del 50% aún a nombre del acusado, como objeto del embargo, lo que hace mucho tiempo no refleja la realidad dominial».

Y finaliza: «Se genera entonces para la funcionaria una obligación de oponerse al eventual decomiso y aún a la mantención del embargo al no ser el encartado ya titular del bien, lo que configura una causal razonable de apartamiento objetivo, posterior y que nada tiene que ver con los injuriosos pretendidos por los recusantes en su momento».

Pedido


“Me presento ante Ud. a los efectos de excusarme de continuar interviniendo en mi rol de ´coordinación´ en la causa de la referencia, ad eventum de la necesidad de intervención en futuras actos procesales, por los motivos que paso a detallar”.

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De ese modo, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Andrea Goyeneche, puso al corriente al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, de su decisión de apartarse de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, y que según la tesis del Ministerio Público Fiscal le produjo un agujero negro al fiscal del orden de los $2.000 millones.

La investigación arrancó en septiembre pasado y avanzó sobre los contratos ficticios que se labraban desde las cámaras de Diputados y de Senadores, en un sistema de recaudación cuyo destino final de momento se desconoce. De momento alcanzó a los “recaudadores”, Flvia Beckman y Hugo Mena y todos sus familires; un grupo de estudios contables; y los últimos responsables de los servicios administrativos contables de la Cámara Baja, Sergio Cardoso, y de la Cámara Alta, Gustavo Pérez, e involucró también al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

En medio de la tramitación, surgió la sospecha de una relación comercial de quien estaba al frente de la investigación, Cecilia Goyeneche, y uno de los investigados, el contador Pedro Opromolla, que derivó en un pedido de apartamiento. En primera instancia, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el planteo por cuanto ese tipo de incidentes debe resolverlo, dijo, el jefe de los fiscales en atención a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En apelación, la camarista María Carolina Castagno confirmó lo resuelto.

La Cámara de Casación Penal falló en la misma línea, y ahora los defensores –Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli, Leopoldo Cappa- buscan llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Mientas el asunto no ha podido ser resuelto, una causa por peculado que se abrió al intendente de Concordia, Enrique Cresto, derivó en el apartamiento del fiscal José Arias, pedida por la defensa del jefe comunal. Allí hubo opinión contraria a lo resuelto en Paraná: el juez de Garantías Darío Mautone y la camarista María del Luján Giorgio –hermana del vocal del STJ Miguel Giorgio- opinaron distinto y afirmaron que los jueces tienen potestad para recusar fiscales.

Ahora, Goyeneche decidió apartarse de la causa y de ese modo dejó en abstracto un planteo de los defensores Cullen, Vartorelli y Cappaz que pensaban llegar hasta el STJ.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.