Juan Carlos Dittler, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtió este martes que si Buses Paraná, la concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, no devuelve los días descontados por paro, volverán al paro en septiembre.
La concesionaria anunció hoy el pago de la deuda salarial que reclamaban los choferes, tras haber recibido un adelanto del subsdio de la Provincia, por $12 millones y luego de 15 días de huelga de los trabajadores, pero se negó a devolver los montos descontados por los cinco días de paro de julio. Y dejó abierta la posibilidad que igual medida pueda aplicar con los 15 días de huelga de agosto.
Al término de la reunión que se llevó a cabo, en dos tramos -tras un cuarto intermedio- en la Secretaría de Trabajo, cuando se anunció oficialmente el levantamiento de la medida de fuerza que duró 15 días, el dirigente señaló que el conflicto con Buses Paraná, concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros de la capital entrerriana, “lamentablemente no se solucionó”.
Dittler indicó que las empresas depositaron este martes el dinero reclamado desde el primer día por los trabajadores, y que lo hizo con “el dinero que le dio el gobierno provincial”, en referencia al adelanto de $12.700 millones.
Enseguida, planteó el malestar de los trabajadores por la decisión de la Buses Paraná – que integran Mariano Moreno y Ersa Urbano- de descontar los días de paro del mes de julio, y agosto. “Esperemos que en el mes de agosto no sea sí”, dijo y destacó que la medida de fuerza se levantó por “un pedido expreso del Secretario de Trabajo para mantener la paz social”.
Asimismo, explicó que volverán a sus actividades este miércoles, pero advirtieron a los empresarios que volverán a la huelga si al cuarto día hábil del mes de septiembre no está depositado el dinero descontado por día de paro, y el sueldo.
Luego aclaró que el servicio de colectivos no puede retomarse este mismo martes ya que se debe constatar el estado de las unidades, y muchos choferes deben recuperarse ya que estuvieron desde el miércoles 14 acampando en la Plaza 1° de Mayo.
Por otra parte, cuestionó los dichos de Marcelo Lischet, gerente de la empresa Mariano Moreno, quien en un medio justificó los descuentos por los días de paro como hace la provincia cuando existe conflicto con los docentes.
Al respecto, el titular de UTA sostuvo que el de los docentes y los colectiveros son planteos distintos, porque “ellos (por los docentes) pidieron un aumento salarial y acá hay deuda con los trabajadores, no pedimos aumento de sueldo”.
Más adelante, el representante de los choferes evitó dar su opinión sobre el valor del boleto, que actualmente está en $29,80 y que los empresarios aseguran que debe aumentarse a $35, ya que con la actual tarifa existiría un déficit de $16 millones.
“Es un tema que no es de los trabajadores, no me gustaría decirlo yo. Para eso están la gente idónea que estudia los costos”, dijo Dittler y reiteró que UTA seguirá reclamando para que se respete el pago de los salarios a los trabajadores.
Por su parte, el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, resaltó que el conflicto se destrabó por el esfuerzo financiero de la provincia, que adelantó fondos del subsidio: “Hay una preocupación por parte de la provincia por la situación de usuarios para llegar a sus lugares de trabajo, de los chicos para ir a las escuelas o de personas que deben ir a un hospital. La provincia ha hecho un esfuerzo importante para mantener el equilibrio fiscal, para mantener el valor adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos y para sostener el sistema de transporte público a través de un adelanto de poco más de $12 millones. Esto no va a ser descontado de un solo saque, sino que será en diferentes tramos para ir permitiendo que el servicio pueda ir sosteniéndose en la medida que los números así lo permitan”.
Además, abogó por que haya una “administración responsable municipal y por el lado empresario, para que pueda sostenerse el sistema en Paraná”.
Consultado por qué no aprobó el proceso preventivo de crisis, que las empresas habían presentado al inicio del conflicto, el funcionario explicó que “un servicio público no puede decretarse en preventivo de crisis porque no puede verse resentido un servicio público”.
“Con el preventivo de crisis lo que se pretendía era resentir el servicio público, reduciendo frecuencia y trabajadores a partir del pago de indemnización por debajo de la ley de Contrato de Trabajo, y eso de ningún modo lo íbamos a permitir”, concluyó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.