El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el diputado provincial José Ángel Allende, decidió ir a la  confrontación directa con la ministra de Salud, Sonia Veláquez.

Salud había sido territorio dominado por Allende hasta que llegó Velázquez. Y su llegada se dio en medio de una salida escandalosa del anterior titular de la cartera sanitaria, Ariel de la Rosa, hombre del riñón de UPCN.

Todo comenzó a comienzos de junio de 2017, en Diamante, cuando De la Rosa, siendo todavía ministro, acudió a los Tribunales. Ante los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato negó haber incurrido en alguna figura delictiva cuando le pidió a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, que volviese atrás con una medida adoptada con una enfermera del nosocomio.

A De la Rosa la Fiscalía de Diamante le imputó dos hechos: coacción agravada por haber amedrentado a Trossero, en forma telefónica, comunicación que la funcionaria escuchó con el celular en altavoz en presencia de testigos, para que diera marcha atrás con una resolución que adoptó y que supuso la baja de una suplencia extraordinaria a una delegada de UPCN. Se trata de la enfermera Yanina Migueles, quien, según Trossero, tiene dos investigaciones abiertas en el Ministerio de Salud, una por administrar medicamentos en forma errónea a los pacientes alojados en la Colonia de Salud Mental.

Eso ocurrió el martes 6. El miércoles 7, cinco dirigentes de UPCN, gremio que fue soporte de De la Rosa en Salud, viajaron a Diamante y presionaron a Trossero para que cumpliera la orden del exministro, que le había impuesto recontratar a la enfermera Migueles. En medio de un escándalo, el secretario adjunto  del sindicato, Fabián Monzón, quien es uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), José Zarza, Guillermo Barreira, la secretaria gremial Carina Domínguez y la dirigente Zunilda Suárez provocaron una batahola en el hospital diamantino que obligó a la intervención de la Policía.

Los cinco terminaron en la cárcel, con prisión preventiva. El viernes 9 hubo una audiencia en los Tribunales de Diamante. Entonces, el juez de Garantías, Julián Vergara, les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria a Monzón, Zarza y Barreira; Domínguez y Suárez fueron puestas en libertad. El lunes 26, a las 9, habrá una audiencia de revisión de la prisión, y los fiscales Taleb y Dato ya analizan plantear una prórroga de la medida.

El viernes 9, ocurrieron dos hechos: la Justicia imputó a De la Rosa en los hechos que protagonizaron los dirigentes de UPCN, y además el exministro presentó su renuncia al cargo.

La enfermera Migueles, eje del escándalo en Diamante, renunció, pero la investigación judicial avanzó. Y el juicio oral se hará  los días 22, 23, 24 y 25 de octubre.

Los gremialistas de UPCN que serán juzgados por coacciones, son: Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio.

Para Monzón y Barreira, los fiscales adelantaron cuando la causa se elevó a juicio que solicitarán la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

Los magistrados que juzgarán los hechos son Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa (en reemplazo de Daniel Malatesta, que se jubiló) y Pablo Vírgala.

Después de esa causa abierta que sienta en el banquillo a buena parte de la dirigencia de UPCN, las relaciones con Salud no han sido fáciles. Allende y su sindicato han ido sosteniendo una cerrada oposición a la gestión de Velázquez.

 

Enfrentamiento

La última exteriorización de ese encono es la instalación, este martes, de una carpa frente a Casa de Gobierno: «Escándalo en Salud», dice un cartel pegado en la entrada de la puesta en escena que se montó en Plaza Mansilla.

Las huestes de UPCN acusan a la ministra de Salud por ejercer «persecución», «mala administración» y piden su cabeza al Gobernador. Pero además, el gremio denuncia «despidos encubiertos».

Dos de esos supuestos despidos, en realidad, tiene que ver con la supresión de dos suplencias extraordinarias de trabajadores que, en vez de estar desempeñándose en el sistema sanitario provincial, lo hacían al mando de Allende en UPCN.

¿Cómo se detectó esa situación?

«En el ordenamiento de los cargos para pases a planta y estabilidad, se detectaron dos casos de empleados que figuraban como suplentes extraordinarios, uno cumpliendo funciones en el Hospital Escuela de Salud Mental y la otra persona en la Secretaría Privada del Ministerio de Salud, desde febrero 2016 -contó una fuente-. Pero cuando se empezó a averiguar, se comprobó que no trabajan en esos lugares donde supuestamente debían estar».

-¿Cómo detectan el ardid?

-Se le envió cartas documento a sus domicilios, y entonces empieza el reclamo de UPCN: adujeron que estaban prestando servicios en la Cámara de Diputados. Lo raro fue que nunca encontramos ninguna disposición que habilitara la adscripción de un área a otra. Pero lo cierto es que estas personas trabajan en el gremio: una de ellas, en UPCN, y la otra, alternando tareas en UPCN y en la oficina del diputado Allende.

-¿Así se llega a establecer que en realidad trabajaban en el gremio?

-Claro, porque Cristina Melgarejo, de UPCN, viene a hacer el reclamo a Salud, y dice que esos dos suplentes extraordinarios estaban en el gremio.

Ahora, desde Salud están abriendo la negociación con uno de los desafectados con el objetivo de ubicar a esa persona en la estructura de Salud.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.