El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se refirió a la reforma del Código Procesal Laboral que impulsa el Gobierno de Entre Ríos con el objetivo de modificar aspectos vinculados con las pericias médicas, la determinación de incapacidades, los costos de los procesos y las condiciones para apelar las sentencias.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, dijo al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), que esperan debatirlo en la Legislatura antes del receso de verano. La iniciativa, sostuvo, “es el resultado de un proceso que comenzó antes de su presentación formal” y busca reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad del sistema y evitar que los costos judiciales afecten la generación de empleo.

Ejes de la reforma: previsibilidad e imparcialidad

Para desarmar el cuello de botella en el fuero laboral, el Poder Ejecutivo plantea la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados dentro del Poder Judicial, con salarios fijos que desvinculen sus honorarios del porcentaje de incapacidad otorgado en los fallos. En casos excepcionales donde intervengan profesionales externos por especialidad, se fija un tope de 8 JUS (alrededor de 800.000 pesos).

A su vez, la norma alinea las pericias al baremo de incapacidades de la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, un esquema ya implementado con éxito en Santa Fe para dotar de criterios uniformes al proceso. En palabras de Troncoso, esta unificación de parámetros “genera previsibilidad y genera seguridad jurídica”.

Asimismo, el proyecto revisa las exigencias para apelar sentencias —que hoy demandan depositar el monto de la condena más un 30 por cienteo de intereses o trabar embargos— con el fin de proteger la liquidez del entramado pyme provincial. Sobre este punto, el ministro argumentó: “Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una PYME que por ahí le cueste un poco más, que tiene menos empleados, que vive día a día”.

Un freno al aumento de la litigiosidad

El diagnóstico del Ejecutivo se apoya en cifras preocupantes: según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Entre Ríos registró en 2024 un aumento del 12% en juicios laborales (frente al 7% nacional) y un pico del 39% en 2023 (contra el 26% del país). Pese a que la siniestralidad disminuyó, la judicialidad escaló a 69,19 casos cada 10.000 trabajadores.

Frente a esta coyuntura, la postura del Gobierno provincial busca resguardar las fuentes de trabajo sin descuidar el equilibrio del sistema: “Estamos cuidando de alguna manera al que produce y genera trabajo y, si cuidamos al que produce y genera trabajo, estamos garantizando que se pueda seguir generando empleo genuino en la provincia.”

Apertura al debate y visión de conjunto

Troncoso confirmó que el oficialismo encarará el tratamiento parlamentario con la intención de alcanzar acuerdos sin resignar el rumbo de la gestión. “No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a partir de disensos para generar consensos” sostuvo el ministro para reafirmar que se escuchará a todos los sectores y de ese modo perfeccionar el proyecto.

“Lo que había que buscar es el equilibrio y el sentido más prístino de justicia y buscar una norma ágil que también mire a quienes generan la fuente de trabajo”.

En este sentido, Troncoso confirmó que el Ejecutivo buscará que el proyecto avance durante el actual período legislativo, aunque admitió que el tratamiento dependerá de los tiempos de la Legislatura. “Tenemos la decisión política de hacerlo ahora”, afirmó y agregó que la iniciativa es el resultado de un proceso que comenzó antes de su presentación formal.

El ministro planteó además que el tratamiento parlamentario puede permitir ampliar el alcance de la reforma: “Ojalá en el seno del debate surjan otros puntos de interés y podamos buscar una reforma más profunda”.

La discusión comenzará ahora en la Legislatura, donde el oficialismo anticipó que convocará a colegios profesionales, organizaciones y actores vinculados con el mundo laboral para analizar el proyecto.

Para el Gobierno, el desafío es modificar un sistema que considera excesivamente litigioso y generar reglas más previsibles. Para los sectores que cuestionan la iniciativa, el debate estará centrado en determinar si esos cambios efectivamente equilibran el proceso o si trasladan mayores cargas al trabajador.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora