El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos fijó postura en torno al proyecto oficial del Gobierno nacional para la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. “La salud mental requiere financiamiento asegurado”, postuló el Colegio.

Y fijó que, “más allá de cualquier formulación, debate o intento de modificación legislativa, ninguna ley puede aplicarse efectivamente sin financiamiento suficiente, sostenido y asegurado”.

“El acceso a la salud mental debe estar garantizado para toda la población, mediante servicios oportunos, seguros y de calidad. Sin embargo, la insuficiencia de recursos limita la disponibilidad de dispositivos de atención, dificulta la continuidad de los tratamientos, sobrecarga a los equipos profesionales y traslada mayores responsabilidades a las familias y redes de cuidado. Esto exige garantizar infraestructura, recursos humanos y materiales, y cobertura territorial adecuada”, señaló.

El proyecto oficial cambia la denominación de los sujetos de la ley: en la vigente se habla de personas “con padecimiento mental”, y en la modificación enviada por el Gobierno al Congreso se cambia a “quienes presenten cualquier tipo de afección o trastorno mental”.

 

Qué modifica sobre las internaciones

Uno de los principales cambios está en las internaciones. En las voluntarias, se mantiene el derecho del paciente a pedir el alta en cualquier momento, pero se agrega una condición: el equipo de salud podrá impedirlo si considera que la persona tiene su capacidad de juicio alterada y existe riesgo grave para sí o terceros. En ese caso, la internación pasa a ser involuntaria.

En cuanto a las internaciones involuntarias, el proyecto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, incorpora la posibilidad de considerar antecedentes o la evolución futura del paciente para justificar la internación.

El proyecto de ley también cambia quién puede firmar las internaciones involuntarias. Mientras que la ley vigente exige dos profesionales de distintas disciplinas (uno de ellos psicólogo o psiquiatra), el proyecto establece que debe intervenir un médico psiquiatra. A su vez, permite que, en situaciones excepcionales, un solo médico pueda disponer la internación, con revisión posterior.

El proyecto también modifica el plazo para notificar la internación a la Justicia, que se amplía de 10 a 24 horas, y se habilita una mayor intervención directa de los jueces.

El proyecto elimina la prohibición de crear nuevos manicomios

El artículo 28 de la ley vigente establece que las internaciones de  salud mental deben realizarse en hospitales generales. Y a tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios.

El proyecto de ley reemplaza ese artículo y postula que las internaciones de salud  mental deben realizarse también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones con internación especializadas en psiquiatría y salud mental, sean públicos o privados. “De esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención”, sostuvo González.

También se elimina la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados.

 

Posicionamiento

En el marco de esos cambios proyectados, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos planteó que “la salud mental no responde únicamente a factores individuales o intrasubjetivos, sino también a las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias. La precariedad, la incertidumbre económica y el deterioro de las condiciones de vida pueden agravar las problemáticas de salud mental, por lo que las políticas públicas deben contemplar también estos factores contextuales”.

“En un sistema sanitario que ya presenta dificultades estructurales, las modificaciones normativas que no estén acompañadas de inversión pública pueden profundizar las desigualdades en el acceso, incrementar la demanda sobre servicios insuficientemente equipados y agravar las condiciones de atención”, subrayó.

Y añadió: “Frente a las graves problemáticas de salud mental que atraviesa Argentina, particularmente preocupantes en Entre Ríos por sus elevados índices de suicidio, resulta indispensable una perspectiva federal, con políticas sostenidas y respuestas interinstitucionales acordes a las necesidades de cada territorio”.

“El Estado nacional debe garantizar el financiamiento y el acompañamiento necesarios para que las provincias puedan ejercer efectivamente sus responsabilidades en materia de salud. Esto requiere asignaciones presupuestarias concretas, mecanismos claros de distribución y garantías de ejecución efectiva, no compromisos generales o ambiguos. Sin ese respaldo, se profundizan las desigualdades entre jurisdicciones y se compromete la capacidad de respuesta de los sistemas provinciales, que también deben asumir sus obligaciones en la organización y prestación de los servicios”, observó.

Esta inversión, postuló, “debe contemplar también el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales, así como la promoción de entornos de trabajo saludables para las y los profesionales de la psicología que desempeñan sus funciones en los distintos organismos y áreas del Estado, incluyendo salud, educación y justicia”. Y expresó “preocupación por la salud mental de nuestro propio colectivo profesional, reconociendo la importancia de cuidar a quienes trabajan diariamente en la atención y el acompañamiento de otras personas”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora