La Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná denunció ue “la crisis de salud mental en Entre Ríos no es un problema individual: es una consecuencia directa de las violencias patriarcales, la pobreza y el desmantelamiento de las políticas públicas”.

“Los números son contundentes: 841 casos de suicidio entre 2023 y 2026, con una tasa de 19,8 cada 100.000 habitantes (frente al 9,8 nacional), y un 75,74% de los casos concentrado en jóvenes de 15 a 29 años”, describió. “No se puede separar la salud mental de las violencias de género. Mientras se declara la ´urgencia en salud mental´, se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos en la provincia, siendo la violencia psicológica la más frecuente y el hogar el ámbito más inseguro para mujeres y niñas. Las violencias constituyen un problema de salud, así como el empeoramiento de las condiciones de salud impacta en el recrudecimiento de las violencias y desigualdades”.

Luego, describe que el 75,74% de los casos de salud mental corresponde a personas de 15 a 29 años, y un 12,36% a adolescentes de 10 a 14 años. “¿Qué futuro le ofrece la Provincia a nuestras juventudes? ¿Con salarios de pobreza, equipos desmantelados y sin ESI, cómo van a mejorar estas cifras? La violencia digital, al igual que los consumos problemáticos, no se resuelve con ajuste: necesita una respuesta integral que ponga más humanidad, más escucha, más territorio”, sintetizó.

En ese marco, exigió “políticas públicas con perspectiva de género” y reclamó:

o       Presupuesto visible y suficiente para sostener equipos interdisciplinarios en salud mental, especialmente en escuelas y barrios.

o       Restitución inmediata del PLAN ENIA y de las redes territoriales de protección y asistencia a las víctimas.

o       Educación Sexual Integral (ESI) científica, laica y con perspectiva de género en todas las escuelas.

o       Dispositivos gratuitos y accesibles para abordar violencias, consumos problemáticos y violencia digital.

o       Salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores de la salud pública y la salud mental.

“La fragmentación institucional nos deja solas”, postuló la Asamblea. Y puso de manifiesto que el informe del Órgano de Revisión de Salud Mental recientemente publicado lo confirma: “hay insuficiente articulación entre salud, protección de derechos y Justicia, y falta claridad en las responsabilidades institucionales. Esta fragmentación impacta en los procesos subjetivos de las y los adolescentes y en la capacidad de los equipos de sostener abordajes integrales.

““Las feministas no nos callamos: mientras los organismos advierten saturación y escasez de turnos, así como la interrupción de líneas de trabajo y dispositivos con base en la comunidad, nosotras seguimos acompañando, conteniendo y denunciando. Pero no podemos solas”, señalaron.

Las listas de espera en los centros de atención primaria de la salud, en las guardias, en los hospitales y en los comedores “son la expresión de un sistema y unas redes estalladas y colapsadas en su capacidad de respuesta y acompañamiento”.

“En una reciente comunicación oficial, el Gobierno declaró la ´urgencia sanitaria en materia de salud mental´. Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el decreto ordena convocar a la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos -creada por Decreto N° 418/2022 MS y rectificada por Decreto N° 643/2025- a elaborar un “Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental”, el cual deberá contener acciones concretas, metas, mecanismos de evaluación y cronogramas de ejecución orientados al fortalecimiento del sistema provincial de atención en salud mental”, destaca.

Sin embargo, agrega, “desde que esta gestión provincial asumió en 2023, el colectivo de trabajadorxs y usuarixs del sistema de salud pública y salud mental viene denunciando retrocesos en las perspectivas de trabajo, cierres de programas, suspensión de dispositivos, empeoramiento de condiciones de trabajo y salariales así como recorte presupuestario en el otorgamiento de becas para la formación de especialistas en las RISAM”.

“Este estado de situación junto con el reciente -y ampliamente repudiado- lanzamiento de ORI, una app que de forma inconsulta se publicitó como respuesta a esta enorme crisis, lleva a una preocupación acerca de cómo se llevará adelante ese “Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental” cuando durante casi tres años de gestión no han podido trazar una planificación estratégica sostenible. Además, nos preguntamos por qué declaran la “urgencia sanitaria” y no la “emergencia en salud mental”, reclamo de las organizaciones de la región. En esta misma línea: por qué no acompañan el reclamo por el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad que impacta directamente a las personas usuarias del sistema público y privado. Exigimos que se reconozca la necesidad de mayor presupuesto y una mejora efectiva de las condiciones de vida y salariales de quienes sostenemos las redes territoriales e institucionales en salud mental y género”, postuló.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora