Este miércoles, en la sesión del Senado, tomará estado parlamentario el proyecto de reforma del sistema previsional de Entre Ríos, que ingresó con la denominación “Restauración del equilibrio y fortalecimiento del sistema previsional”. La iniciativa sería girada a comisión, y se debate por estas horas si sólo intervendrá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o también la de Asuntos Constitucionales.
El exintegrante de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Salduna, entiende que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado deberá tener intervención para aventar eventuales contratiempos constitucionales con lo que se termine aprobando. “Estoy leyendo el proyecto que presentó el Ejecutivo y entiendo que tendrá que ser discutido y modificado en algunos aspectos. Me llaman la atención algunas cosas que no me quedan del todo clara y que me encienden, en principio, alarmas”, dijo Salduna durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
El exjuez se refirió a lo relativo del proyecto de reforma previsional que tendrá impacto en el Poder Judicial. “Una de las premisas que se mencionó al plantear este proyecto era que ningún jubilado actual verá modificado su haber, ni perderá derechos adquiridos, ni se afectará alguna garantía de tipo constitucional. Bueno, eso se dice en el mensaje, pero en el articulado de la ley no hay ningún artículo expreso que diga concretamente que eso no va a ocurrir”, aseveró.
“De la lectura minuciosa de todo el articulado -apuntó-, se desprende que sí aparece afectado o pueden resultar afectados algunos derechos de los actuales como de los futuros jubilados. Creo que el objetivo de esta ley debería ser mantener la sustentabilidad de este sistema que tiene la provincia de Entre Ríos. Pero aparentemente aparecen algunas cosas ahí que, digamos, siembran dudas, hacen encender luces de alarma. Por ejemplo, el artículo tercero, inciso c), que establece una especie de autorización o delegación de facultades por parte de la Legislatura al Poder Ejecutivo que resulta muy amplia e indeterminada. Se lo faculta al Ejecutivo para que determine la posibilidad de establecer aportes solidarios para la sustentabilidad del sistema, pero sin darnos los parámetros de cómo serían estos aportes solidarios. No se sabe qué porcentaje, si será un 3%, un 5% o un 100%”.
También analizó lo que plantea el artículo 33| con respecto a la movilidad, “y ese es el aspecto que directamente atañe al Poder Judicial. Todo el personal del Poder Judicial está ´enganchado´con los haberes del Poder Judicial de la Nación. Que el salario se disponga a nivel provincial afecta la independencia. El Poder Judicial nunca va a ser suficientemente independiente si los recursos para su mantenimiento devienen de la voluntad de otro poder. En ese sentido, cuando se estableció la Ley de Enganche con la justicia nacional, se dio mayor independencia al Poder Judicial de Entre Ríos. Ahora, este proyecto retrocede en ese aspecto”.
-¿Es un escenario parecido al que hubo durante la Ley de Emergencia de la pandemia, cuando se suspendió la aplicación de la Ley de Enganche?
-Sí, pero aquella ley fue una ley de emergencia, como se dice, que tenía una motivación en una situación muy especial, que era la época de la pandemia, y se lo hacía con un tiempo determinado. Esto pareciera que entra dentro de los aspectos que quedaría dentro de lo permanente. Ya no sería una situación de emergencia. Y se cambia el 82% móvil. Es decir, pareciera como que los activos del Poder Judicial seguirían percibiendo los aumentos de acuerdo con lo que determine la Corte, pero a los pasivos se les aplicaría la paritaria de la Administración Pública provincial, es decir, que se aplicaría un porcentaje diferente, con lo cual el aumento que cobrarán los activos no se trasladaría a los pasivos, lo cual generaría una situación de inequidad entre un sector y el otro.
-¿Se cae el principio de 82% móvil?
-Exactamente, sí, se caería al principio del 82% móvil y se produciría un desfase entre quienes están en actividad y quienes están en pasividad, lo cual genera un riesgo, que, a lo mejor, muchos no lo consideran tan importante. En la provincia de Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre en el orden nacional o en otras provincias, no existe un límite de edad para para permanecer en la actividad judicial. En el orden nacional, cuando un magistrado llega a los 75 años, obligatoriamente tiene que jubilarse. En Entre Ríos, no. En Entre Ríos, no existe esa esa limitación de edad. Entonces, si un magistrado cobra $100, y ve que cuando se jubile va a cobrar $50, lo más probable es que no quiera irse. No va a querer dejar su cargo. Esa situación provocaría que se ponga una especie de barrera o de tapa a la renovación necesaria de la magistratura, a la incorporación de nuevos elementos jóvenes. El magistrado va a querer quedarse hasta los 100 año si le da el cuero. Ese es un problema que yo creo que con respecto al Poder Judicial necesariamente deberá considerarse.
-El expresidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, observa algunos aspectos anticonstitucionales en el proyecto de reforma. ¿Usted tiene una mirada en ese sentido?
-Yo no diría que, en líneas generales, que la ley sea inconstitucional. No. Tiene algunos aspectos. Ya yo le señalo eso en el artículo 3 o en el artículo 33, que evidentemente nos coloca en una situación de peligro en su aplicación, porque se afecten garantías constitucionales. También se afectan derechos adquiridos de los actuales y de los futuros jubilados judiciales de la provincia.
-¿Confían que esto va a tener un análisis profundo en la Legislatura, que pueda llegar a haber algunos cambios?
-Tendría que darse un debate amplio y profundo con respecto a muchos aspectos. Habrá que analizar muy cuidadosamente este proyecto. Me parece que el proyecto debería ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y no solo a la de Presupuesto y Hacienda. Hay aspectos constitucionales muy importantes en la ley que deberían ser considerados por esa comisión.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora