La Justicia de La Paz dispuso un nuevo cuarto intermedio para resolver sobre los planteos de la Fiscalía y la defensa en la causa del supuesto sobreprecio de pavimentación de 20 cuadras de Santa Elena, que tiene como principal imputado al intendente Domingo Daniel Rossi.

Este viernes, en los Tribunales de La Paz, se retomó la audiencia del 20 de febrero, instancia en la que el fiscal Santiago Alfieri pidió por segunda vez la elevación de la causa a juicio. El primer pedido lo había presentado en abril de 2019, pero entonces el juez de Garantías Walter Carballo había ordenado reformular la acusación.

El nuevo pedido de remisión a juicio se realizó el 12 de junio del año pasado y, tras una larga espera, en febrero de este año se comenzó a discutir nuevamente si el caso es enviado a juicio o, como piden los defensores, es archivado y se dictan los sobreseimientos.

En la primera parte de la audiencia – del 20 de febrero, el intendente de Santa Elena y exvicegobernador defendió su inocencia y aseguró que no existió un sobreprecio en la obra de 20 cuadras que se ejecutaron con el plan nacional “Más Cerca”, en 2014, sobre el final de su anterior gestión.

Ahora, las partes discutieron en torno a la introducción de la prueba para el eventual juicio. En ese marco, los abogados defensores pidieron al juez más plazo para investigar y producir material probatorio. La Fiscalía se opuso ya que desde la última remisión a juicio transcurrieron 276 días, período en el que los defensores pudieron realizar las actividades probatorias que creían pertinente.

Tras escuchar a las parte, el juez Carballo dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el 25 de marzo para resolver si el caso es elevado a juicio o se otorga más tiempo a las defensas técnicas para producir prueba.

Acusación

El fiscal auxiliar de La Paz, Santiago Alfieri, pide la elevación de la causa a juicio en la que hay seis acusados. Ellos son: Rossi; el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras trascurría la investigación.

La acusación del fiscal dice que durante la anterior gestión de Rossi al frente de la Municipalidad de Santa Elena, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.

Defensa

Rossi, Ortiz y Méndez son defendidos por Carlos Reggiardo y Roberto Alsina. En tanto que Néstor Pedrotti y Miguel Ángel Cullen representan a Szczech y Lescano; y César Jaime defiende a Martínez.

En la primera audiencia –del 20 de febrero-, Rossi aseguró que existe en su contra una campaña de “lawfare” (guerra jurídica con participación de los medios de comunicación) en la que participan tres medios que siguen de cerca las causas en su contra: Entre Ríos Ahora, Análisis Digital y La Sexta, un sitio de informaciones de Santa Elena.

Roberto Alsina, defensor del intendente, consideró a la acusación de Fiscalía como “deficiente”. “Noto grandes contradicciones que hacen dificultoso desde el punto de derecho de defensa. Nos acusan de un peculado. ¿Díganme qué se ha sustraído?”, manifestó.

“La mayor contradicción de Fiscalía es que está hablando que el peculado no necesita un apoderamiento de dinero sino sacarlo de sus fines normales. Hay doctrina que sostiene que para que haya peculado debe haber una sustracción efectiva de dinero”, dijo y agregó que su cliente “certificó la misma plata y pagó la misma plata que le dieron. No se quedó con ningún centavo más o menos”.

A su turno, el abogado Carlos Reggiardo, también defensor de Rossi, planteó que “la acusación no termina dando con determinación los delitos que se imputan. Es muy vaga la descripción cuando no sostiene cuales fueron algunos actos de Méndez, de Ortiz y Rossi”.

Además, afirmó que en contra de Rossi existe una campaña de lawfare. “Esto tiene una explicación para nosotros: Entre Ríos es pionera en el lawfare. Al fiscal Alfieri no le interesa llegar a la verdad. Él tiene mandato desde el Procurador de sentar a Rossi en el banquillo. (Jorge Amilcar) García tiene desprecio por la democracia porque ha dicho que no le interesa la voluntad popular, que dijo que el pueblo de Santa Elena es inmoral (por votar a Rossi nuevamente)”.

La causa

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el entonces intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi.

La presentación la realizó con el abogado Guillermo Mulet. Según la acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

En paralelo, existe una causa civil iniciada por la anterior gestión, en la que se exige un resarcimiento por daños y perjuicios por la suma –estimativa y provisoria- de $10.937.255,46. La causa podría caer como sucedió recientemente con la demanda civil de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, donde la mayoría oficialista del Concejo Deliberante aprobó un acuerdo con la empresa la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA). 

En Santa Elena también se espera que se discuta el desistimiento de la acción civil en el Concejo Deliberante. Allí, 6 concejales responden a Rossi y 5 a su concuñado y enemigo político, Moreyra.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora