En los Tribunales de Paraná se realiza este viernes la audiencia de elevación a juicio de la causa en la que está imputado el exgobernador Sergio Urribarri y otros, por presuntos delitos contra la Administración Pública.
En la primera parte de la audiencia, los abogados de los acusados solicitaron el sobreseimiento y ahora la Fiscalía pide que el caso sea llevado a juicio oral y público. Debe resolver el juez de Garantías Ricardo Bonazolla.
La tesis de la Fiscalía es que Urribarri utilizó fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial de 2015, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
El Sueño Entrerriano es una megacausa que incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
La audiencia de remisión a juicio de esa causa había sido fijada para el 24 de julio. Mas el estado de salud del abogado Emilio Fouces, que ejerce la defensa de Hugo Marsó y Gerardo Caruso, obligó a su aplazamiento.
En la investigación penal no sólo está involucrado el exgobernador y su exministro de Cultura y Comunicación; sino también el exministro de Turismo, Hugo Marso, y, entre otros, el cuañado Juan Pablo Aguilera.
Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.