Alejandro Becic, abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con la concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, San José SA, en una disputa que se judicializó por dar continuidad laboral a los empleados que quedaron a la deriva tras la caída del contrato con Buses Paraná, el 6 de diciembre de 2025.
Becic analizó positivamente el resultado de la audiencia de este miércoles. “El hecho de que la empresa haya reconocido la situación y se haya mostrado predispuesta sentarse en una mesa a ver si encontramos alguna solución, yo creo que es un tipo de solución, de alguna manera. Hasta hace un tiempo atrás no nos podíamos ni siquiera sentar”, planteó en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
“Yo creo que la empresa entiende y reconoce el problema, y nosotros, de alguna manera, también buscamos la forma de que esto genere un beneficio para todos. Es decir, que no genere un perjuicio. La UTA jamás quiso que esto generara un perjuicio. Todo lo contrario”, observó.
“Yo lo que creo es que San José empieza a entender que se agotan los tiempos, que se agota la vía recursiva, y que, en definitiva, esta situación no le conviene a nadie. Hay empleados que hace más de cinco meses que están sin cobrar, y la empresa carga con este malhumor social que viene de alguna manera a sumarse al humor social que ya tenems por una situación económica complicada”, sostuvo Becic.
Este miércoles, las partes volvieron a reunirse en la Secretaría de Trabajo, y se abrió un cuarto intermedio hasta el próximo martes, a las 11.
La serie de encuentros entre UTA y San José para zanjar el entuerto por el futuro de los 237 trabajadores de la exconcesionaria Buses Paraná viene dándose desde 2025. Nunca han podido acordar.
UTA procura que San José dé cumplimiento a una medida cautelar habilitada por un juez laboral porteño, que en noviembre de 2025 impuso la obligación a la prestataria de absorber a los 237 trabajadores que habían pertenecido a la exprestataria Buses Paraná. San José ha venido rehusando esa medida con el argumento de que acceder a esa petición implicaría violentar el contrato de concesión.
«El análisis es simple: si se avanzara en la incorporación de un grupo de trabajadores fuera de las condiciones del pliego (más allá de la desvinculación que deberíamos hacer de actuales empleados) se corre el serio riesgo de que quienes prestaban servicios en la anterior permisionaria estén trabajando o se hayan dado por despedido soliciten el reconocimiento de la antigüedad (sea a los fines salariales o indemnizatorios)», justifican desde la empresa.
El intríngulis judicial
El 26 de noviembre de 2025 -a días de que San José asumiera la concesión, hecho que ocurrió el domingo 7 de diciembre último- el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautela presentada por la UTA nacional y obligó a San José a absorber 237 trabajadores de Buses Paraná.
San José discutió esa resolución, pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la medida cautelar que obliga a Transporte San José SA a absorber transitoriamente al personal de Buses Paraná UTE (Grupo ERSA) desde el inicio de la nueva concesión en Paraná hasta que se dicte sentencia definitiva.
En forma paralela, la concesionaria planteó una cuestión de competencia y pidió que un Juzgado Laboral de Paraná intervenga en el pleito.
En diciembre la titular del Juzgado Laboral N° 4, Carmen Prevedel, rechazó intervenir en el conflicto suscitado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José, que este domingo asume la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná.
«De inicio entonces advierto que constituye, sin dudas, un dislate pretender que un órgano jurisdiccional otorgue en forma amplia y genérica una especie de autorización o venia al peticionante para no cumplir ninguna orden judicial», planteó la jueza Prevedel en su resolución.
Pero a finales de febrero, la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró la competencia del Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la jueza Carmen Prevedel, en el pleito planteado en los Tribunales de la Ciudad Autónona de Buenos Aires por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que en noviembre derivó en el dictado de una medida cautelar que impuso a la empresa San José SA, prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, la obligación de absorber los 237 trabajadores que habían pertenecido a la expermisionaria Buses Paraná.
De ese modo, los camaristas Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras revocaron el fallo de primera instancia de la jueza laboral Carmen Prevedel que había rechazado intevenir.
El lunes 23 de febrero, la jueza Prevedel hizo lo que la Cámara le ordenó: se abocó al tratamiento de la competencia. «Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara del Trabajo – Sala II- en fecha 19/02/2026 y en cumplimiento de lo allí ordenado, corresponde librar oficio al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de las presentes actuaciones, a fin de que el Juzgado oficiado disponga, si acepta el requerimiento de inhibitoria, el archivo de lo allí actuado o, en caso de que decida mantener su competencia, la elevación a la Corte para dirimir la contienda, implicando la suspensión del procedimiento producida a causa de la cuestión de competencia y la suspensión de los efectos de la
medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional mencionado en la Resolución que dictara el 26/11/25».