El presidente de la empresa Global Means SA, Germán Buffa, pasó este lunes por los Tribunales de Paraná para notificarse personalmente de su procesamiento, que fue dictado por el juez  de Transición Gustavo Maldonado. El trámite judicial es en la causa donde se investiga el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

En este legajo, además del empresario, fueron procesados el exgobernador y hoy presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri; y su  exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado peronista Pedro Ángel Báez.

Según registró Entre Ríos Ahora, Buffa se presentó pasado el mediodía en la oficina de Gabriela Garbarino, secretaria del juez Maldonado, que se encuentra en el segundo piso del Palacio de Tribunales. Allí, cumplió con un trámite judicial más: notificarse de la resolución que lo deja a él, a Urribarri y a Báez, a un paso del juicio oral y público.

La imputación de la fiscal Viviana Ferreyra precisa  que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública,  el 1° de julio de 2011, habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011, por un monto de $118 mil.

El procesamiento

En su resolución,  el magistrado consideró que “se encuentra suficientemente probado que Pedro Ángel Báez y Sergio Daniel Urribarri, cuando se desempeñaron como Director General de Información Pública y como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, respectivamente, autorizaron con sus firmas el trámite de adjudicación de una publicidad para el Estado, es decir posibilitaron la concreción de un contrato que por sus particulares deficiencias puede considerarse sospechosamente discrecional en razón de haberse visto afectado el procedimiento reglamentado a tal efecto por la normativa específica”.

Como contó Entre Ríos Ahora, Buffa fundó Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma.  El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano.  El juez Maldonado hizo notar que la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1 de julio de 2011; mientras que la firma presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

“En efecto, el mencionado contrato confeccionado en la ciudad de Buenos Aires ante la Escribana Florencia Viale, refiere que los señores Leonardo Víctor Poma y Germán Esteban Buffa resolvieron  constituir una sociedad anónima dedicada básicamente a la concentración de medios de publicidad, siendo dicho instrumento público nada menos que el acto constitutivo de la sociedad Global Means S.A., y tiene como fecha de confección el día 15/08/2011, o sea en un plazo posterior a un mes de la orden de publicidad (01/07/2011)”, dice el texto de la resolución del procesamiento firmado por el juez Maldonado.

El juez Maldonado también sostuvo que del análisis de las pruebas “surgen elementos de juicio suficientes para tener por acreditado con grado de probabilidad seria y fundada la existencia de los hechos atribuidos a los encartados y la intervención de los mismos en el modo en que les fue descrito cuando ejercieron la defensa material”.

Además, consideró que  “surge evidente que esos actos desviados del interés unilateral que debe caracterizar a toda actuación de un órgano o sujeto en ejercicio de una función pública, fueron encaminados de manera tendenciosa en beneficio y provecho de un interés particular, en el caso, de la empresa Global Means S.A., respecto de la cual obraban irregularidades, por lo menos, en cuanto a la legitimación para ser proveedora del Estado”.

“Surge tan burda la desprolijidad, el descuido y falta de esmero en el trámite de la contratación, que ni siquiera cabe la posibilidad de deslindar de responsabilidad a los imputados por el hecho de haber, el proceso de adjudicación, sorteado los distintos estamentos y escalones administrativos de control, tal como lo sugieren Sergio Urribarri y Pedro Báez en sus respectivos esquemas defensivos, como así tampoco puede argumentarse una actitud negligente por parte de los mismos, dado las evidentes deficiencias”, amplía Maldonado.

En otro párrafo apuntó. “La otra circunstancia que forma parte del relato del hecho imputado, es no haber estado la empresa Global Means S.A. en condiciones de poder funcionar como tal y, por tal razón, de poder desempeñarse como proveedor del Estado Provincial”. Cabe recordar que la empresa se constituyó en agosto de 2011, pero en julio ya tenía orden de publicidad con el Gobierno.

“En conclusión y como se adelanté al comienzo, existen abundantes elementos de mérito para sostener, con el grado de verosimilitud que esta instancia requiere, que se encuentran debidamente acreditados los extremos de la imputación, esto es la materialidad de los hechos y la autoría, no habiendo sido suficiente la defensa material ejercida por los imputados para desalentar un juicio probabilidad afirmativa, por lo que corresponde dictar el procesamiento”,  señaló hacia el final de la resolución.

Una nota aparte merece el embargo de $1.000 que le trabó a los tres procesados, cuestión que quedará en el anecdotario judicial.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.