La Justicia de Paraná ordenó la realización de una pericia psiquiátrica oficial al sacerdote César Schmidt, de 67 años, acusado por la electrocución de Esteban Bogado, de 11 años, ocurrida el 8 de marzo alrededor de las 13, en calle Lamadrid 2145 de Paraná. La medida fue dispuesta este jueves por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, luego de un planteo formulado por la defensa del religioso. Cabe recordar que el niño que se electrocutó en el ingreso de la casa del cura que había conectado una malla sima a 220 V.
La pericia tendrá como objetivo determinar si existe alguna condición de salud mental que pueda incidir sobre su imputabilidad y sobre su capacidad para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos al momento del hecho. La causa se encuentra caratulada como tentativa de homicidio. En junio, la fiscal Patricia Yedro dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio oral.
La audiencia prevista para resolver ese pedido debió ser cerrada a raíz del planteo de los abogados defensores Mario Martínez y Alejandra Pérez, quienes solicitaron que la realización de la pericia psiquiátrica se concrete antes de avanzar hacia el debate oral.
Durante la audiencia, Schmidt estuvo presente y siguió en silencio el desarrollo del trámite. Vestía una campera y llevaba una escarapela en el lado izquierdo. Solo intervino cuando la jueza le solicitó que precisara sus datos personales, entre ellos su edad, fecha de nacimiento, nombres de sus padres y profesión.
La abogada Alejandra Pérez solicitó la suspensión de la elevación de la causa a juicio y sostuvo que la pericia resulta necesaria para determinar si el acusado puede ser considerado imputable. “Solicitamos la suspensión de la elevación de la causa a juicio para que se nos dé la posibilidad de realizar esta prueba y obtener los resultados antes del debate, ya que consideramos que es una prueba fundamental, no solamente por su derecho a la salud mental, sino también por el debido proceso y el principio de no discriminación”, dijo.
La defensora también planteó que el resultado de la evaluación podría tener incidencia sobre la calificación legal del hecho. “Consideramos también que es importante realizar esta pericia psicológica y psiquiátrica en virtud de que, cuando el Ministerio Público Fiscal califica el accionar del señor César Schmidt, como una situación dolosa, un tipo subjetivo doloso que también estaría cuestionado por lo que hemos manifestado previamente: que no tendría suficiente comprensión de las consecuencias de sus actos”.
Según sostuvo Pérez, esa circunstancia podría incluso repercutir en la calificación jurídica del hecho. “Ese tipo subjetivo también podría verse afectado y podría cambiar la calificación legal”, afirmó.
Por su parte, la defensa señaló que Schmidt registra antecedentes de internaciones vinculadas con cuestiones psicológicas y psiquiátricas desde 2009, entre ellas en el Sanatorio Adventista del Plata, otro de Ramírez y en el Hospital Escuela de Salud Mental. También hizo referencia a una evaluación psicológica incorporada al legajo, en la que se consignó que el sacerdote se encontraba orientado en tiempo y espacio, pero no «en persona».
En ese sentido, la defensa sostuvo que ese resultado no sería suficiente para determinar su imputabilidad. Según explicó, una persona puede encontrarse «orientada temporal y espacialmente» y, aun así, presentar otras condiciones que deben ser evaluadas mediante una pericia específica.
El planteo contó con el acuerdo de la fiscal Patricia Yedro, del querellante Leopoldo Cappa y de Susana Carnero, representante del Ministerio Pupilar. Al resolver, la jueza Barbagelata consideró que la posibilidad planteada por la defensa debía ser evaluada mediante una prueba pericial, pero entendió que no correspondía suspender el trámite de la causa. “Considero que es una prueba que debe ser realizada y eventualmente incorporada al juicio”, señaló.
En consecuencia, la magistrada decidió no disponer la suspensión de la elevación de la causa a juicio, pero autorizó la realización de la medida de prueba conforme a las normas previstas para las pericias. “Voy a autorizar que se realice esta medida de prueba mediante las normas de pericia del Código, esto es, que se designe un perito psiquiatra oficial y que tanto la defensa como la parte querellante y la Fiscalía puedan sugerir un perito de parte y proponer los puntos de pericia”.
La jueza indicó además que, si las partes no logran acordar los puntos que deberán ser evaluados, se podrá realizar una nueva audiencia para definirlos. Finalmente, estableció que una vez incorporado el informe pericial, cualquiera de las partes podrá solicitar una nueva audiencia para determinar cómo continuará el trámite de la causa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora