El Gobierno apeló este miércoles la resolución que dictó el juez de juicio Juan Francisco Malvasio, que hizo lugar a la cautelar pedido por un grupo de padres de alumnos que asisten a comedores escolares, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce, en el marco de un amparo para frenar la aplicación del nuevo sistema de provisión de insumos a comedores escolares que el Ejecutivo licitó y adjudicó a la empresa Teknofood SA.
Este mismo miércoles el juez Malvasio hizo lugar al planteo y ahora la vigencia de esa cautelar será analizada por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En su apelación, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes consideró que la resolución del magistrado “importa una injerencia judicial en el ejercicio de potestades administrativas que no se encuentran controvertidas en estos actuados, desde que no ha sido objeto de debate ni de impugnación la legitimidad del procedimiento administrativo llevado adelante por esta parte”.
“No existe cuestionamiento alguno respecto de la regularidad, validez o legalidad del procedimiento seguido, de modo que la decisión recurrida excede el marco de conocimiento de la causa y termina por restringir el ejercicio de atribuciones propias de la Administración”, señala el escrito.
“Esa es mi interpretación”, aseguró Rodríguez Signes en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. “En el amparo, no hay un cuestionamiento al procedimiento administrativo, a la licitación, al contrato, sino que más bien hay un pedido de información para controlar si el sistema que implementa el Gobierno respecto a la distribución de alimentos en comedores escolares satisface determinados requisitos de nutrición, de calidad nutritiva -aseveró-. Mi interpretación es que eso no es susceptible de discusión por vía de un amparo. Eso es perfectamente una petición que se puede tramitar por vía administrativa”.
El fiscal de Estado aseveró que “el Poder Judicial no es el ámbito para discutir ese tema, menos a través de un amparo. ¿Por qué? Porque el amparo está hecho para restaurar el cumplimiento de la Constitución, y acá no hay una vulneración de derechos constitucionales de una manera manifiesta que amerite una acción de amparo”.
Comedores: el Gobierno apeló y criticó la «injerencia judicial»
El funcionario destacó que la medida cautelar coincide en su pretensión con la cuestión de fondo del amparo, frenar la implementación del nuevo sistema de provisión de insumos a comedores escolares. “Por lo general, los jueces rechazan las medidas cautelares en los amparos, porque no está prevista, porque el amparo es un procedimiento muy corto, muy breve, está pensado para restaurar la vigencia un de derecho constitucional y de una manera inmediata. Y, generalmente, las cautelares coinciden con la pretensión de fondo, entonces se las rechaza. Pero, bueno, acá funcionó y está operativa, a pesar de que la apelamos”, observó.
-¿Es apelable una cautelar?
-Sí. Especialmente en este caso, en la cual se suspende el procedimiento o la ejecución de un contrato perfectamente válido. Es decir, los mismos amparistas no ponen en tela de juicio el procedimiento licitatorio, ni siquiera el contrato, sino que quieren hacer una especie de control, lo cual está está bien, pero para eso la propia administración tiene sus herramientas para hacerlo. Y, además, respecto a la intervención de los organismos técnicos vinculados a la salud, a la nutrición, se fueron dando en el tránsito del procedimiento administrativo. Pero bueno, vamos a esperar para conocer qué resuelve el Superior Tribunal de Justicia, que, finalmente es el que tiene la última palabra sobre el asunto.
-¿Cuál es el argumento del juez para dictar la cautelar?
-No lo sé. Francamente, yo, con toda franqueza, le digo que ni bien nosotros tuvimos la notificación de la parte resolutiva, lo que hicimos fue interponer el recurso de apelación y adelantar algunos fundamentos. No obstante, decidimos adelantar un poco nuestra posición, posición en el sentido que nos parece que se invaden competencias de la Administración. Es decir, se decide sobre una medida de gobierno de asistencia a los comedores escolares, algo que no es improvisado, es el producto de una licitación pública y de un procedimiento. No fue de la noche a la mañana que se cambió el sistema, sino que fue una decisión que transitó el procedimiento administrativo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora